Es evidente la crisis en todos los órdenes sufrida por Guatemala. Algunos ven, con razón, avances en determinadas actividades, pero cuando se analizan los factores verdaderamente importantes, el retroceso es apabullante y todo tiene en la corrupción y en la irresponsabilidad sus principales fundamentos. Al analizar dos factores como la salud y la educación, se evidencian no sólo los efectos de la corruptela, sino las consecuencias adicionales aumentadas de manera exponencial e imparable. La corrupción en el campo de la adquisición de medicinas provoca males a la salud de las madres, sus hijos —peso y medidas reducidas— y de la falta de alimentación adecuada en los tres primeros años se derivan a la vez daños cerebrales y multiplica el subdesarrollo humano.

Esto es conocido. Los politiqueros desde algunas décadas, pero sobre todo en los últimos ocho años, son aves de rapiña del dinero público, el estar con el fin del pillaje más despiadado en los puestos (presidencia, congreso, alcaldías, y todos los demás, de cualquier categoría). La reacción de los ciudadanos es variada. Por un lado, quienes desean aprovecharse de la rabia generada en numerosos sectores sociales —aunque no en todos, por varias razones— para instalar regímenes populistas, de izquierda —imposible en Guatemala por la ególatra división de quienes se autodefinen de esa tendencia— y sobre todo de derecha, una nueva modalidad existente ahora en varios países, como Estados Unidos y Brasil, así como varios de la Europa Occidental.

Es necesario preguntarse también si se puede pensar en la existencia en Guatemala de un sistema democrático real, basado en el tizado autoritarismo cuasi monárquico bautizado como “democracia”, la cual desaparece de hecho cuando grupos determinados en base a poder económico de origen ilegítimo, legítimo o pseudolegítimo, es decir basado en privilegios de cualquier tipo, lo tienen a su servicio. No escapan tampoco los poderes basados en el chantaje de grupos sindicales y de reales o supuestas reivindicaciones sociales pero solamente concentradas en el campo étnico, con lo cual se crean nuevas y peligrosas divisiones de efecto multiplicador al maremágnum nacional.

En la lucha por lograr estos cambios imprescindibles algunos ciudadanos se han embarcado en la particularmente difícil de lograrlos. Unos son los comentaristas, los analistas, ya sea dentro de la prensa de opinión o de instituciones académicas dedicadas a explicar los problemas y dar propuestas. Estas últimas tienen en general el problema de no ser frontales en los señalamientos, y en utilizar frases como “parece que” las instituciones han desaparecido. Eso no sirve, porque el lector de la calle, quien comprende temas como la corrupción, necesita ser guiado en la comprensión de los efectos de ésta en todos los órdenes. Otros ejemplos: la vergonzosa actuación del Congreso, los robos en la obra pública. Se debe hablar con claridad, aceptando los riesgos de todo tipo.

Otro grupo son los abogados interesados en hablar con respecto a las leyes, acuerdos, etc. Su muy valioso criterio es expresado con terminología legal de difícil o imposible comprensión. Por ello las discusiones se vuelven bizantinas y se agrega el abuso de los recursos cuyo efecto real es imposibilitar el logro de los cambios urgentes mencionados. Así se cumple “cuando hay tres abogados, hay cinco opiniones”, casi siempre contradictorias. No se puede salvar, ni tampoco crear una verdadera democracia, si antes no hay un acuerdo nacional basado en la suspensión temporal, colectiva y por decisión voluntaria, de algunos derechos utilizados con el mal fin de hundir al país. Ese gran acuerdo social no solo tiene base jurídica, sino ha sido aplicado con éxito en muchas partes.