Está demostrado que la política es más visceral que racional. Sin embargo, cuando se trata de elegir a quienes van a dirigir la nación, administrar lo público, gestionar miles de millones y tomar decisiones que nos afectan, la razón debería tener más protagonismo, aunque casi siempre se olvida.

Nos acostumbramos a liderazgos o formas de ser que nos gustan o coinciden con nuestra manera de pensar. Hay quienes prefieren al atrevido, otros al prudente e incluso algunos se decantan por actitudes autoritarias, y también hay espacio para los anárquicos. Y cuando por medio de elecciones democráticas o procedimientos legalmente establecidos se sustituye a la persona que nos gusta, esas emociones se destapan y comienza una irracional persecución o crítica contra quienes son distintos a aquellos que simbolizaban nuestras preferencias.

Vivimos, por partida doble, uno de esos momentos. Percibo una actitud crítica continuada a la labor del Ministerio Público porque la nueva fiscal general no convoca conferencias de prensa o luce tan mediática como su antecesora, algo que también le sucedió a aquella cuando sustituyó a Paz y Paz y tuvo que superar el momento ya olvidado.

Vivimos un proceso de adaptación a nuevas formas y modos, pero en lugar de apreciar la eficacia de la labor —a través de los casos que salen a la luz— nos preocupa más la ausencia del ruido de la rueda de prensa, de la presencia en medios de comunicación o extrañamos la sensación de ver a otros esposados, detenidos o perseguidos ¡Nos agrada más el ruido que las nueces!

Algo similar ocurre con el presidente electo. Algunos no gustan de sus formas o modos, aunque no advertimos que quizá los nuestros no sean muy diferentes. Se ha decidido, democráticamente, a quiénes poner al frente del país en los próximos años y seguramente muchos hubiesen preferido que las cosas sucedieran de otra manera, pero las reglas de juego determinaron lo contrario y hay dos formas de convivir con esa endémica preocupación: aceptar el sistema democrático y sus resultados viendo cómo optimizarlo —aplicar la razón— o desacreditarlo continuamente con fútiles cuestiones que impiden el avance del país —actuar con emoción—. Pareciera que seguimos embelesados con lo que pudo ser y no fue mientras ignoramos la realidad que está a 180 grados.

En 1975 España era una dictadura; en 1976 una monarquía. Se legalizaron los partidos políticos, entre ellos el comunista y el socialista, y la reacción no se hizo esperar tras 36 años de régimen autoritario. Vencer la inercia no fue fácil y, sin embargo, 15 años después sobresalían positivamente los indicadores sociales, económicos y políticos. Si aquellos gachupines supieron hacerlo quizá heredamos esa mostrada capacidad o, si rechazamos a los invasores, demostremos que somos capaces de superarlos y hacerlo mucho mejor que ellos.

Estamos en un momento de cambio que la ciudadanía anhelaba y hay una oportunidad para retomar el rumbo de forma correcta; diferente a como se venían haciendo. Es hora de mostrar —y conceder— confianza, de apostar por el desarrollo, por la nueva política. Tiempo de mirar cómo se pueden promover inversiones, generar dinámicas propositivas y alejarse de la crisis. Ello requiere de inteligencia emocional adecuada y reflexión sensata, más allá de continuar con la polarización en la que caímos —o a la que nos llevaron— que ha demostrado no ser útil. Llevamos demasiado tiempo adormilados en un inútil pasado y anclados en confrontaciones permanentes que trascienden generaciones perdidas. Aprovechemos la oportunidad, convoque el nuevo presidente una mesa de consenso y definamos acuerdos o demos un paso al lado si carecemos de fuerzas, ganas o confianza.