Catalejo
Arévalo no puede confiar en la alianza novenera
La alianza en el Congreso está en un féretro.
La anulación en el Congreso al estado de Calamidad decidido y anunciado por Bernardo Arévalo constituyó una prueba más de mala asesoría de su equipo legal y de la decisión de los curuleros de la clica novenera, aquí conocidos como diputados, de provocar daños a la imagen presidencial y del partido oficialmente sin existencia pero sí en la práctica.
Sobresale el error de haber buscado alianzas con sus peores enemigos, por lo cual no se les puede calificar de traicioneros. Es irónico… Desde el resultado de la primera vuelta, hace casi diez meses, se dedicaron a utilizar todo tipo de pretextos para evitar la toma de posesión, lograda a base de las amenazas y acciones directas e indirectas de la comunidad internacional. Ahora hacen lo mismo.
Se manifiesta una inaceptable inocencia política derivada de la falta de experiencia y colmillo de los pocos integrantes de Semilla, mezclada con el berrinche de no ver la realidad entre quienes llegaron a acuerdos desaparecidos en muy pocos días. Los números son fríos: de los 84 votos en contra, Vamos dio 25; UNE, 19, y Cabal, 15. UNE y Cabal aportaron 59, es decir 70%, y los otros, 30%. Los nueve restantes se unieron a una oposición irracional, vengativa, causante de daños no solo a una persona —Arévalo—, sino a todo el país, y sobre todo a las instituciones de una democracia, en este caso el Poder Legislativo. Son enormes las posibilidades de otras acciones similares, por lo cual el mandatario simplemente no puede ni debe confiar en el Congreso.
Es esclarecedor conocer, entre los votos contrarios, quiénes son novatos para así decidir si se trata de personajes nuevos en la politiquería nacional, pero adaptados en menos de cien días a los acostumbrados contubernios de los viejos curuleros, para amarrar negocios turbios con el dinero solicitado por medio del estado de emergencia, pero no recuerdan cuando fueron ellos los realizadores de acciones corruptas muy parecidas en los congresos anteriores, por lo cual parecen tener claro el motivo de sus críticas. El humo del incendio ya desapareció, pero los efectos de la acción en el Congreso sin duda se mantendrán durante mucho tiempo, y por ello son urgentes las acciones presidenciales permitidas por la ley y sobre todo por la Constitución de la República.
La efectividad de los casos de extensión de dominio es castigada, no apoyada.
Castigan 98% de efectividad
Uno de los castigos esperados contra la corrupción es recuperar las propiedades y vehículos obtenidos con esa oscura forma. Se realiza por medio del Juzgado de Extinción de Dominio, desde hace 13 años a cargo del juez Marco Antonio Villeda, quien en ese tiempo, de los 598 procesos iniciados, obtuvo 561 sentencias condenatorias (94%). Sin embargo, para la monárquica y absolutista Corte Suprema de Justicia, no es suficiente, merece castigo, eso justifica ser trasladado a un juzgado penal. Solo puede explicarse por envidia, porque la aplicación de esa ley fue aplaudida en la Comisión Europea, a donde fue invitado a dictar una charla sobre el tema, por sus resultados positivos. La decisión es una mancha más para el más alto sistema jurídico guatemalteco.
El juez aclaró algo esperanzador y poco conocido a causa de la ignorancia de las leyes nacionales: los ciudadanos pueden disponer de la propiedad privada —artículo 39 de la Constitución—, siempre y cuando esta no haya sido adquirida de manera ilegal y corrupta. La exhibición presuntuosa de cualquier tipo de vehículos, viviendas, viajes, nuevo nivel de vida de la noche a la mañana, en otros países es razón suficiente para investigar el porqué. El juez Villeda teme la limitación o cese de las investigaciones, a causa de la forma como actúan la “doctora en Derecho” Consuelo Porras y toda la gente dedicada a obedecerla sin chistar. Todo ello encaja en la sospechada cooptación, más bien encadenamiento, de todas las instituciones político-jurídicas del país.
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