En el día a día de Guatemala, lo que se ve es movimiento de personas y productos por muchos lados. Los ciudadanos nos mantenemos buscando usar el tiempo para estudios, trabajo, gestiones o entretenimiento. Pocos son los que están involucrados en el río revuelto que se ha venido dando desde el 25 de junio. Los pocos incluyen quienes participan en política en lo local, en la comunidad internacional y quienes comunican los eventos tanto en medios de comunicación locales e internacionales, así como en redes sociales. Esos pocos han logrado nuevamente poner a la ciudadanía a especular sobre lo que sucederá a partir del 14 de enero.

He sido insistente desde los resultados de las elecciones en que las instituciones deben funcionar. Guatemala es privilegiada de tener organismos de Estado, órganos de control e instituciones autónomas y descentralizadas que permiten los pesos y contrapesos. Cada institución tiene roles y cada una debe actuar bajo el marco de la ley. El sistema sigue a prueba.

Es innegable el nivel de involucramiento que han tenido el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea en este proceso de elecciones. Emiten opinión y amenazan con sanciones. En el caso de Estados Unidos, ha listado a funcionarios públicos y personas privadas en la Lista Engel y ha quitado la visa de turismo a más de 300 personas, entre ellas se dice que a los diputados que votaron por levantarle el antejuicio a cuatro magistrados del TSE por acusación del Ministerio Público en un caso de supuesta corrupción en la compra de software para el proceso electoral del 2023.

En las últimas dos semanas quizá lo que más ha confundido a la ciudadanía fue la conferencia de prensa del MP del viernes 8 de diciembre, donde durante más de dos horas presentaron a la opinión pública la investigación sobre el partido Movimiento Semilla, separando la investigación de las firmas falsas y muertos y un supuesto lavado de dinero, y por el otro lado la investigación a magistrados del TSE por la probable corrupción en la compra del software y la investigación sobre alteraciones en el proceso electoral. Lo que dijo el fiscal de la Feci Rafael Curruchiche sobre que en su opinión las elecciones deberían anularse, para muchos fue entender que las elecciones fueron anuladas.

Esas investigaciones se vuelven acusaciones cuando llegan al sistema de justicia y de ahí empiezan las garantías constitucionales del debido proceso y la presunción de inocencia. Desafortunadamente, la extinta Cicig dejó la mala enseñanza de no respetar el debido proceso ni la presunción de inocencia, y eso puede hacer que algunos quieran seguir la misma metodología mientras que otros respetan los procesos judiciales institucionales.

En mi opinión, el 14 y 15 de enero sí tomarán posesión los electos el 25 de junio y los electos el 20 de agosto, ya que es difícil que el tiempo en el sistema de justicia permita que las acusaciones del MP tengan resultados en contra de la toma de posesión de investigados y acusados. Considero que el presidente electo asumirá con baja popularidad y con procesos judiciales en contra, situaciones que harán que el apoyo internacional que tiene le siga apoyando. Bernardo Arévalo debe trabajar en el cargo buscando apoyos y consensos para la gobernanza, apuntando hacia el bien común y el desarrollo del país, y no perdido en temas ideológicos que solo entrampan a los países en su desarrollo.

Lo que la inmensa mayoría queremos es que se respete la ley y que se nos permita enfocarnos en nuestras responsabilidades, porque en este país los derechos constitucionales a la vida, la libertad, la propiedad privada y el desarrollo de los individuos son los que nos permiten salir adelante y desarrollar al país.