Al grano
Competencia, consumo, información, salud y seguridad
Los mayores riesgos para la libre competencia vienen dados por fenómenos tales como “la captura del regulador” y la “protección de la economía nacional”.
La actual legislatura arrancó con un afán de distinguirse de las dos anteriores, ha arrancado legislando. ¿Es mejor una legislatura que legisla mucho que una que legisla poco? Pues, como a los abogados nos gusta responder: depende. Como dijo el economista Cento Valjanovski, la legislación es una gigantesca máquina de precios. Eso significa que cada ley puede incidir en que ciertos precios suban y otros bajen. Por supuesto, todo consumidor razonable compara peras con peras y manzanas con manzanas, fijándose en cosas tales como la calidad, seguridad, actualidad, etcétera, de lo que piense adquirir.
¿Es mejor una legislatura que legisla mucho que una que legisla poco?
Sobre la iniciativa para promulgar una nueva ley de protección al consumidor y la de productos saludables, ya he ofrecido algunos comentarios. Toca ahora, la de competencia. Sin embargo, conviene comentar sobre un aspecto que abarca todas estas cuestiones. Se trata de lo siguiente: ninguna de esas leyes se aplica a sí misma. Son unos funcionarios, personas como usted y yo, es decir, con preferencias, creencias y temores quienes las aplican. Y, por consiguiente, pueden cometer errores y abusos, hacer favores o desfavores. Y, cuando algo así pasa, ¿qué hace uno? Pues, muy sencillo; uno presenta un recurso ante un tribunal ¿independiente?
Acierta usted, estimado lector. La clave está en esa cuestión, la independencia del tribunal que juzgue el criterio del funcionario.
Pasemos a la ley de protección a la competencia, o como algún día vaya a llamarse. Y, aunque usted no lo crea, aquí es donde entran en juego la salud, la seguridad, la información y otras cosas parecidas (sanidad, sostenibilidad, medio ambiente, etc.)
El punto, es el siguiente: es con el afán (a veces, el pretexto) de proteger al ciudadano medio, visto como ignorante e ingenuo (por los legisladores), contra empresarios a quienes no interesa su salud, seguridad o bienestar, que se dictan leyes que, como ha dicho Veljanovski, incrementan el “precio de entrada”.
El precio de entrada es el que tiene que pagar cualquier persona y sus socios por entrar a ofrecer productos o servicios que, en su opinión, son de mayor calidad (al mismo precio) o de menor precio (e igual calidad) que los que, en ese momento, se ofrecen en el mercado. Por consiguiente, una buena ley de competencia tiene que impedir que aparezcan pretextos que incrementen el precio de entrada (no digo que, en ciertos casos “excepcionales”, no haya razones válidas para requerir ciertas cualificaciones para entrar al mercado).
Otro de los afanes que con frecuencia animan a los legisladores a proteger la libre competencia es el tamaño. Y, aquí, se produce una de esas paradojas la vida social. Por un lado, se supone que el buen empresario “conquista porciones de mercado”. Eso lo logra ofreciendo mercancías o servicios de mayor calidad/precio a los consumidores, pero, cuando llega a un cierto tamaño, de ser el “héroe de la película”, pasa a ser el villano.
Se trata de dos cosas bien conocidas en derecho de protección a la competencia: la posición dominante y la concentración. Acierta usted una vez más, estimado lector. A ese empresario que ha satisfecho de tal manera a su clientela que ha llegado a convertirse en el “dominante” del mercado, la ley, lo convierte en el “sospechoso” del mercado. Y, ¡que no se le ocurra absorber a un competidor!
Los mayores riesgos para la libre competencia vienen dados por fenómenos tales como “la captura del regulador” y la “protección de la economía nacional”. Por el primero, los que ya están en el mercado –que por supuesto se estiman más que suficientes—desarrollan un acuerdo tácito con el regulador para aumentar el precio de entrada a nuevos competidores y, por el segundo, para proteger empleos, tributos o la soberanía nacional, se crean barreras arancelarias o de otro tipo a los productos o servicios de proveedores extranjeros, en ambos casos, dañando a millones de consumidores. ¡Que viva la libre competencia!
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