Catalejo
Congreso debe librar del odio a los deportistas
Al declarar a la ideología como la base de la lucha por las cortes, queda claro cuál es el verdadero motivo, ajeno a la capacidad individual.
Dos directivos del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), Leyla Lemus —ex secretaria privada de Gammattei— y Hugo Aguilera —expresidente de la CC y representante de la Universidad de San Carlos, ambos nefastos— odian a los deportistas olímpicos. Solo así se explica su absurda actitud de oponerse al reingreso de ellos antes del 23 de abril a los juegos de este año en París, cuando el Comité Olímpico Internacional (COI) está dispuesto a hacerlo. Por representar a sectores opuestos a Bernardo Arévalo, están dispuestos a hacerlo fracasar en sus gestiones e impedir a los jóvenes competir con la bandera del único país donde el deporte está protegido por la Constitución.
El COI pagará todos los gastos porque hay voluntad política para lograrlo. El Congreso, politiquerías aparte, puede convertirse en el salvador del deporte, al sacar por emergencia nacional al COG del Tribunal del Deporte Federado, por lo cual en materia electoral se regiría por sus estatutos, aprobados por el COI. Ya lo hizo una vez, cuando la FIFA había sancionado al futbol. Es posible, inmediato, y deja la puerta abierta para arreglar las fraudulentas elecciones causantes de la suspensión por el COI. No hacerlo sería una afrenta nueva para el país y una razón más para desmotivar inversiones, porque el Estado rompe acuerdos internacionales e interviene aunque no tenga potestad. En lo deportivo, es una bofetada a quienes pueden traer glorias al país. Enfurece su negativa de hacerlo ayer.
No debe haber faraona
La “doctora” Consuelo Porras no se ve a sí misma como una jefa del Ministerio Público, sino como una faraona de la farándula politiquera guatemalteca. Los faraones eran reyes despóticos, considerados como la encarnación de alguno de los dioses egipcios y la más famosa de ellas fue Cleopatra, quien para llegar al trono no tuvo problemas para mandar al Oriente Eterno a los dioses. Hay diferencias, claro, pues quien sedujo a los jefes romanos Julio César y Marco Antonio era culta, hablaba varios idiomas y era en realidad griega, al ser descendiente de Tolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno, y al verse vencida por los enemigos de su segundo marido, prefirió meter a un áspid en un canasto y luego dejar que el reptil la mordiera. Su leyenda persiste dos milenios después.
Ayer, la Procuraduría General de la Nación y el secretario de la presidencia informaron del inicio de acciones contra la señora convertida en faraona, convencida de su inamovilidad. Es notorio el cambio de su forma de actuar, ahora en forma altanera y convertida en una también autovocera, engañada por quienes, convencidos de su incapacidad jurídica, reducida a buscar una legalidad ajena al verdadero estado de Derecho, aplauden sus acciones ilegales, pero sobre todo ilógicas. La independencia de poderes no implica la negativa de colaboración entre las entidades del Estado. Su más conveniente decisión es la renuncia, pero esta no puede significar un perdón a sus acciones ilegales, como ella está obligada a conocer y a aplicar la ley sin triquiñuelas ni güizacherías.
Para permitir el funcionamiento de cualquier gobierno, los poderes del Estado, independientes como deben ser, también necesitan coherencia. Se avecina una batalla jurídica innecesaria porque los textos de las leyes aplicables son claros y no necesitan explicación, al ser axiomáticos e indicar acciones taxativas, indiscutibles e innecesarias de demostración. La derrota para ella no es política, sino la señala el lenguaje en su sentido más puro. El país no puede permitir dos años de estercolero legalista, a causa de la necesidad de permitirle al ciudadano de la calle rehacer siquiera parte de su confianza en el sistema jurídico. Bernardo Arévalo tuvo mala asesoría, otra vez, y ello le impidió actuar con celeridad ante el desacato escenificado en la visita. Su prestigio e imagen personales están en juego.
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