Los diputados aprobaron en tiempo récord la legislación, supuestamente en contra de los coyotes, que les mandó el presidente Giammattei. Los diputados resultaron “más papistas que el Papa”, poniendo castigos más severos que los que el presidente solicitó, no sé si porque querían, según ellos, quedar bien con sus votantes en este año preelectoral o quizá con la esperanza de que eso sea suficiente para que no les prohíban ir a ver a Mickey. La pregunta del millón es: ¿esta legislación es contra los coyotes o contra los migrantes?

El problema central con endurecer las penas —de hecho, con establecerlas— para este tipo de “delitos” en los que realmente no hay “víctimas” sino, en última instancia, trasgresiones a leyes migratorias, es que penalizan acciones que surgen como respuesta a la demanda de las supuestas “víctimas”. Y ellos de todos modos seguirán requiriendo esos servicios, con el resultado de que quienes los prestan sean personas cada vez más “alejadas de la ley” —léase criminales— que son quienes estarán dispuestos a correr más riesgos.

El mejor ejemplo de esto es la guerra perdida contra las drogas, que en 50 años lo único que ha logrado es volver a los narcotraficantes de turno cada vez más violentos y peligrosos —y con más influencia política— sin lograr reducir en lo más mínimo el consumo de estupefacientes, sino todo lo contrario.

Lo mismo va a suceder con el coyotaje. Quienes hasta ahora daban ese servicio a los migrantes generalmente eran personas de la misma comunidad que descubrieron que había una oportunidad en facilitar el viaje hacia Estados Unidos a sus coterráneos, pero ahora probablemente serán reemplazados por miembros del crimen organizado y del narcotráfico.

Ahora bien, la oportunidad surgió por la gran cantidad de personas que están interesadas en emigrar, pero que no saben cómo hacerlo. No es que los coyotes los hayan ido a azuzar o mucho menos a obligar. Esto queda infamemente claro en la redacción misma de la ley aprobada esta semana, cuando dice: “en ningún caso se tendrá como eximente o atenuante de responsabilidad, el requerimiento, el pago o consentimiento prestado por la persona migrante, su representante legal o de un tercero”. O lo que es lo mismo, son las supuestas “víctimas” las que solicitan el servicio de coyotaje.

Para ponerlo en perspectiva, es bueno considerar lo que sucede con una verdadera víctima de un delito, como, por ejemplo, alguien a quien le roban sus pertenencias o lo asesinan, que en casi ningún caso va voluntariamente a buscar al criminal y le paga para que lo asalte o lo mate. Y dejo lo de “en casi ningún caso” por aquello de que alguien, en algún desquiciado momento —o porque se lo fume algún comisionado— podría pagarle a alguien para que lo mate; lo que, en todo caso, reafirma lo ridículo de la situación considerada.

Por otro lado, la ley también deja claro que ni los migrantes ni quienes los envían están cometiendo ningún delito cuando indica que “este delito no será aplicable a los migrantes, padres, tutores, responsables o familiares en grado de ley de los migrantes guatemaltecos”.

De allí que insisto que incrementar las penas contra el coyotaje no va a reducir considerablemente la emigración, pero sí va a tener consecuencias funestas para muchos de los migrantes. Primero, el viaje les va a salir más caro, ya que quienes los apoyen ahora corren más riesgos y pedirán ser compensados acorde. Pero más importante, quienes ahora los lleven van a ser criminales cada vez más violentos y menos “temerosos” de la ley, por lo que estarán expuestos a muchos más riesgos, no solo de muerte, sino también de parar en redes de trata de personas. Gracias al presidente, a los diputados y al gobierno de los Estados Unidos.