En febrero del 2016, con nuevo gobierno y recién iniciada la legislatura, se modificó el artículo 14 de la Ley del Ministerio Público (MP), en el sentido de que la fiscal general no puede ser cesada, salvo que “cometa delito doloso y haya sentencia debidamente ejecutoriada”, aprobación enormemente mayoritaria que realizaron los diputados —con presión de la Cicig— para impedir que el nuevo presidente pudiera cesar a la titular de entonces. Desde la tribuna del Legislativo, Iván Velázquez y Thelma Aldana aplaudieron lo que significaba un absoluto blindaje para ella. Un despropósito promovido por los diputados de Líder y UNE —que eran lo mismo—, el presidente del Congreso —Mario Taracena—, también de la UNE, y con la Corte de Constitucionalidad presidida por Gloria Porras, designada por el gobierno de la UNE y reelecta ese año por la mayoría de la UNE en el Congreso. ¡Si no entendió la trama reléase el párrafo!

Se protegía a la fiscal general sin opciones reales para cesarla, pensando, quizá, que su cargo sería eterno y siempre favorable al grupo dominante del momento, lo que cerró puertas ahora imposibles de abrir. Se sabía perfectamente lo que se hacía, y el silencio cómplice de muchos —incluidos medios de comunicación, abogados constitucionalistas y opinadores diversos que ahora se rasgan las vestiduras— nos lleva a este 2023 con un nudo imposible de deshacer. Y es que antes, ahogado en gritos de constante algarabía, el sistema cómplice —impuesto por quienes se agrupaban en torno a la Cicig— permitió ese silencio y opinión publicada políticamente correcta que actualmente crispa a muchos, ellos incluidos.

La fiscal general es la autoridad más protegida del país, porque la ley no se hizo buscando un interés general ni prevaleciendo principios de Derecho —el cese se podría haber puesto difícil, no imposible— pero el dirigismo del momento anuló cualquier opinión contraria. Hoy nos quejamos, protestamos, y se solicita la dimisión de la fiscal general por los mismos sectores que entonces debieron protestar, manifestarse y pedir que no se aprobara algo absolutamente autoritario, pero no ocurrió. Vivíamos la euforia de un MP que salía a condenar en ruedas de prensa, antes de hacerlo en tribunales, y aquella borrachera de entusiasmo nos trae esta resaca de frustración. Otro reflejo de la incoherencia nacional y de la costumbre de atender la coyuntura del momento en vez de la estrategia, siempre de largo plazo.

No aprendemos de casi nada. Sorteamos cada día sin pensar en el futuro, y nos luce mal, porque ya trascurrieron más de 500 años de Conquista y 200 de Independencia. Persiste la lucha de clases, de sectores, de ideologías…, de todo, que polariza el país entre los tuyos y los míos; mi razón o la tuya; yo y el otro, y nos vamos destruyendo y ahogando con la boca llena de justicia, democracia, derechos humanos…, pero sin entender realmente qué significa cada cosa, salvo la definición predominante en ese instante, y que suele ser elaborada por otros, porque muy pocos son capaces de sustentarla con referencias históricas, políticas, jurídicas o filosóficas.

Atorados nuevamente en un instante de la Historia, demostramos ser muy buenos para jodernos los unos a los otros, bloquearnos, insultarnos, descalificarnos, agredirnos o incluso matarnos, tal y como demostramos por casi cuatro décadas. ¿Acaso no estamos hechos para vivir en sociedad? ¿Huimos de la famosa frase aristotélica sobre la sociabilidad? La respuesta es compleja, pero me parece que nos acostumbramos tanto a los dictadores —o quizá nos parecemos— que no podemos vivir sin ellos y necesitamos ser tutelados permanente porque seguimos sin alcanzar la mayoría de edad. ¿Qué triste, no?