Servido está el plato fuerte de la temporada en el escenario nacional. Un grupo de juristas señala a la CC de extender la función de ciertos magistrados que deberían haber terminado el cargo para el que fueron nombrados. Otro ve con buenos ojos la ampliación porque, de lo contrario, nos quedaríamos con vacíos en el sistema judicial y, además, se obviaría el cumplimento de la ley relacionada con el proceso de calificación que nunca hizo el Consejo de la Carrera Judicial. Un dilema del que, como en todos, es difícil elegir sin frustración.

No es la primera vez que se llega a ese punto de fricción. De hecho, somos expertos en atorarnos en callejones sin salida porque prestamos más atención a lo urgente que a lo importante; valoramos más la coyuntura que la planificación estratégica y no tomamos en cuenta lecciones aprendidas de otras experiencias, muchas de ellas recientes e idénticas.

La CC tomó la cuestionada decisión de aceptar la prórroga de los magistrados —a pesar de haber concluido su tiempo constitucional— porque la selección que se estaba dando adolecía del cumplimiento de una norma que “solamente” hacía dos años que se había emitido y pareciera que no fue tiempo suficiente para que se tomara en cuenta. ¿Puede haber mayor dejadez? O se continuaba con un procedimiento viciado o se viciaba al prorrogar el tiempo fijado por ley. La CC —ante el dilema— optó por lo segundo, sobre la base de que parece más aconsejable contar con un sistema de justicia, aunque hayan terminado en su función quienes lo aplican, que dejar de observar una norma legal que viciaba y comprometía un proceso recién iniciado.

¡Cómo nos gusta debatir en el terreno de la coyuntura! Continuamente se presentan situaciones en las que se toman decisiones que para nada mejoran escenarios venideros e inevitablemente se contaminan procesos en el futuro. Las comisiones de postulación son las que más problemas generan desde hace años, pero el sistema los suele resolver a trompicones apenas unas horas antes de que emitan sus decisiones. No hay verdadera voluntad de corregir aquello que todos sabemos que está mal: la selección y posterior designación de jueces y magistrados, y se prefiere sostener batallas de última hora con la convicción de que ahí, en el inmediato plazo y en el preciso momento, se cuenta con mejores armas para vencer al contrario.

El excesivo positivismo jurídico, la indiferencia de los órganos encargados de observar la adecuada deontología profesional —el Colegio de Abogados y Notarios— y otras entidades judiciales y grupos de interés tienen colapsado y sumido el país en una ineficiente aplicación de justicia que cada vez incide más en la falta de certeza jurídica, con las consecuencias sobradamente conocidas y visibles: carencia de credibilidad ciudadana, reducción de inversiones y caos judicial por moras y tiempos no cumplidos.

Pareciera que John Rawls no se lee en las facultades de Derecho que medianamente funcionan —que son pocas— y en las que el pragmatismo y el materialismo han vencido. Se gradúan más huizacheros que filósofos jurídicos y frente a una legión de litigantes positivistas hay pocos pensadores y juristas que aporten al debate ideas racionales sustentadas en experiencia y bibliografía. En definitiva, seguiremos con estos pleitos porque la “condición nacional” es la de estar en permanente confrontación sobre cualquier tema y no buscar el interés general en bien del progreso, a cuya falta aludimos pero sin intención real de buscarlo. ¡Vamos, que somos un desastre!, pero que nos conformamos con serlo, y es ahí donde radica el verdadero problema.