La semana pasada salió a luz el caso de uno de los investigadores de la Cicig que se involucró sentimentalmente con la pareja de Byron Lima. Este viene a ser el desliz más sórdido de los que se le conocen hasta la fecha a la Comisión. Lo que a mí no me cuadra es que ellos no estuvieran enterados del affaire.
Este caso ha puesto en serios aprietos la ya languideciente credibilidad de la Cicig. Según las declaraciones del Taquero y su esposa, la relación entre Alejandra Reyes y Ramírez Cartin habría iniciado desde 2014, es decir, antes del asesinato de Byron Lima, lo que, de ser cierto, implicaría que ya tenía conflicto de interés cuando participó en esa investigación.

Los de la Cicig, por su parte, han indicado que Ramírez Cartin no participó en el caso Caja de Pandora, pero reconocen que sí laboró en el de La Sexta —del asesinato de Byron Lima— y que fue retirado del mismo en 2016, antes de ser enviado a Xela. Lo que eleva todavía más mis sospechas.

Aquí solo caben dos posibilidades al respecto del affaire: o los de la Comisión tenían conocimiento de lo que estaba pasando o no lo tenían. En caso de que no supieran lo que estaba pasando, debemos asumir que fue pura casualidad que justo en ese momento lo retiraran del caso que estaba investigando y decidieran enviarlo a la sede de Xela. Aun si creyéramos esta versión, la Comisión saldría muy mal parada porque implicaría que no pudieron siquiera percatarse de algo tan grave que estaba pasando en sus mismas entrañas, a pesar de que se las llevan de que pueden resolver los casos más complejos —que les suceden a otros—.

La otra opción es que en la Comisión sí se dieron por enterados de la grave falta en que estaba incurriendo su investigador, y que fue por ello que lo separaron del caso y lo mandaron a Xela —a ver si allí se “enfriaba” un poco—. Con la evidencia que tenemos, tiendo a considerar esta opción como la más lógica y posible. Ello nos llevaría a no dudar tanto de las habilidades investigativas de la Cicig, pero sí de sus decisiones éticas porque, de ser este el caso, habría actuado como, por ejemplo, en tantas ocasiones lo hizo la alta jerarquía de la Iglesia Católica cuando, al enterarse de acusaciones de pederastia contra algunos sacerdotes, lo único que hizo fue cambiarlos de parroquia. Lo correcto hubiese sido que se le separara del cargo y se revisaran sus actuaciones —qué antecedentes ya tenía—, pero si no lo hicieron ni siquiera con el fiscal que públicamente fue acusado por un moribundo de haberlo incitado a mentir bajo juramento y acusar a unos inocentes, ¿qué se podía esperar que hicieran en este caso?

Cualquiera que sea la verdad, la Cicig sale mal parada. Si no se enteraron de lo que pasó, implica serias deficiencias tanto en sus capacidades investigativas como de control interno. La alternativa es que sí se enteraron, pero que entonces escondieron el problema bajo la alfombra. Adicionalmente implicaría que, cuando consideraron que ya no sería un problema, consintieron en regresar al investigador, a sabiendas de sus falencias. Y todavía más, implicaría que toda la explicación que dieron al ser descubiertos fue una mentira para encubrir no solo al investigador, sino también a la Comisión. Y eso sin siquiera meter en todo este embrollo los antecedentes que tenía el investigador de sus andanzas en Costa Rica.

En resumen, la Cicig tiene mucho que aclarar. Ojalá que así como han sido de estrictos contra todo el que se ha cruzado en su camino, actúen ahora que son ellos los que están en el banquillo de los acusados. ¿Usted qué opina?