La detención en Miami de Mario Estrada y Juan P. González Mayorga suscitó un tuit de la candidata presidencial de la UNE informando de una reunión —en una finca del jalapaneco— a la que asistieron el presidente, diputados y ministros. El mandatario reconoció el encuentro —y el menú: gallina en crema con loroco— en una comparecencia inusualmente rápida en la que su expresión facial reveló más que sus palabras.

Varios escenarios, hipótesis y teorías se pueden construir. Una, la prontitud y habilidad de Sandra Torres para desviar la atención en una dirección determinada y desatenderse de su pasada relación con González Mayorga, quien la apoyó en el 2015 y es un eslabón habitual del cabildeo entre fuerzas oscuras —narcotráfico entre otras— y políticos que aspiran al poder. Actualmente servía a la UCN, pero antes lo hizo con la UNE y Creo. Dos, el mal servicio que la inteligencia estatal le hizo a su jefe. Es inconcebible que la SIE, la Digici o la G-2 no le advirtieran del enorme riesgo que corría al asistir a una reunión en casa de alguien que, años atrás, fue catalogado en un informe de la embajada norteamericana como líder de un partido con “ideología narco”, además de que en ese lugar pudo ser grabado y comprometido con bebidas, edecanes, compañías, conversaciones y entornos fabricados para la ocasión.

Ese “descuido” solo se puede interpretar desde dos ópticas: el presidente lo supo y a pesar de ello asistió, lo que indicaría que está implicado en todo lo que se revelará con el tiempo o que fue entregado por quién controla la inteligencia en el país junto con la cúpula narcouniformada que hay detrás, en un intento por mejorar la situación de algunos mediante la entrega del propio presidente. Cualquiera que sea la opción —la incompetencia no la contemplo, aunque tampoco la descarto— es gravísima.

Puede, además, elaborarse, aun con la incertidumbre existente, un escenario político. Se trata de utilizar la detención de personajes cercanos al crimen organizado —recordemos que están saliendo más— para cambiar la política norteamericana en relación con el gobierno guatemalteco y especialmente respecto de la Cicig. No hay nada como la amenaza del crimen organizado para que EE. UU. alinee sus intereses. El próximo septiembre finaliza el convenio con la Cicig y será muy difícil justificar que no es necesaria una institución similar —¿liderada por Estados Unidos?— después de lo mostrado, igual que al presidente continuar con el discurso de la persecución familiar cuando se le relacione con narcotraficantes.

Creo que en esa reunión Jimmy Morales fue grabado, además de la gallina en loroco y las otras personas que asistieron, lo que terminará por implicarlos —excepción de la gallinácea que fue manducada— en cualquiera de los escenarios citados si no es que ya abrieron expedientes judiciales en inglés. O el mandatario fue muy soberbio o Inteligencia le falló, lo vendió o lo utilizó —o todo a la vez—, lo que refleja una traición que beneficia a algunos cercanos. En todo caso, estamos en apuros, porque negociar —con supuestos representantes de carteles mexicanos de la droga— millones de dólares y asesinatos de contendientes en una campaña electoral y como contraparte permitir el aterrizaje mensual de seis aviones con droga, afecta enormemente la credibilidad del país y de sus instituciones.

Desde el 2015 temen que nos convirtamos en un narcoestado con implicación de las fuerzas y cuerpos de seguridad: ejército y policía, y eso atemoriza en el norte y aquí. Por tanto, debemos salir rápido de esos mafiosos, porque en el mediano plazo nos hunden y destruyen a todos.