El presupuesto ideal es uno superavitario, es decir, uno donde los egresos sean menores a los ingresos, de tal suerte que todos los gastos puedan ser cubiertos con los ingresos, y todavía quede un saldo restante que se pueda utilizar para ahorros o inversiones. Esto es válido para una persona individual, para una familia, para una empresa, pero también para los gobiernos. Lamentablemente, no siempre se llega a ese ideal, ni siquiera en el ámbito privado, mucho menos en el público, en donde es tan raro que son muy pocos los países en el mundo los que alguna vez —no muy frecuente— tienen un presupuesto superavitario.

Los políticos, y en general todas las personas, siempre tendrán más cosas en las que podrían gastar que lo que les ingresa. La diferencia básica entre los políticos y las personas en lo individual o las empresas privadas es que los funcionarios pueden endeudar a los tributarios casi al infinito, sin tener que pagar ellos las consecuencias, mientras que las personas y las empresas tienen límites mucho menores a los que se pueden endeudar y, si no logran pagar las deudas con lo que producen, lo más seguro es que quiebren.

De allí se llega a la segunda mejor opción, que es un presupuesto balanceado, que es aquel en donde los gastos son iguales a los ingresos: no sobra nada para ahorrar o invertir, pero todo se paga y no se generan deudas. Esto es casi a lo más que podemos aspirar con los gobiernos, y los países que han logrado tener presupuestos balanceados generalmente tienen economías sanas, en las que el futuro de los tributarios no está comprometido por generaciones para pagar los “elotes que otros se comieron”.

En algunos países —muy pocos— le han dado tanta importancia a balancear el presupuesto que hasta lo han puesto como un requisito constitucional, al grado de que hasta existe la sanción de despedir al ministro de Finanzas si el déficit se pasa de cierto límite.

De allí, la norma en la mayoría de los países son los presupuestos desbalanceados, donde los ingresos no alcanzan para cubrir todos los gastos y entonces los gobiernos endeudan a los tributarios futuros, que tendrán que pagar más impuestos para saldar las cuentas de los gobiernos pasados. Los políticos y burócratas se han inventado toda una serie de justificaciones para decir hasta dónde es “sano” que los gobiernos “se” endeuden, pero lo cierto es que lo menos que se debería pedir de los mandatarios es que no gasten más de lo que les ingresa. Todo lo demás es un abuso.

Ahora bien, la pregunta del millón es cómo pasar de presupuestos altamente deficitarios, como el de Guatemala, donde los políticos habitualmente se gastan más de un 25 y hasta un 30 por ciento adicional a lo que les ingresa, a presupuestos balanceados. Lo ideal sería recortar de un tajo los gastos, pero eso es casi imposible que lo vayan a aceptar, mucho menos a implementar.

La segunda mejor opción es congelar los gastos durante el tiempo suficiente para que los ingresos tributarios —que casi todos los años crecen a una tasa mayor que la economía— se vayan acercando a los gastos. Esto se podría dar por una congelación explícita de los gastos —también poco probable—, o por una implícita, que es lo que sucede con la no aprobación del presupuesto, como sucedió en 2018 y podría suceder también para 2020.

Si al final no se aprueba el presupuesto de 2020 —especialmente con las ampliaciones que se propusieron el miércoles— por lo menos se tendrá la oportunidad de cerrar un poco la “brecha” entre los ingresos y los gastos. Unos cuantos años más así, y podríamos finalmente acercarnos al ideal del presupuesto balanceado.