En Guatemala, el Congreso de la República es unicameral y es el órgano legislativo del país. Lo conforman 160 diputados. Los actuales terminan su período el 14 de enero de 2024, dentro de apenas 41 días. Por definición, el Organismo Legislativo tiene la potestad legislativa para hacer las leyes que favorezcan el desarrollo integral del país, así como procurar el bienestar común entre los habitantes. Los 160 diputados representan a 19 partidos políticos y hay unos independientes.

Es el turno del Congreso de la República en el río revuelto de las elecciones 2023, que iniciaron con los resultados del 25 de junio, que ha pasado por la segunda vuelta, por el Octubre Negro, y ahora por procesos en los que le corresponde al Congreso participar y definir vía el voto en el tablero. Sin embargo, dado que el Congreso está integrado por representantes de tantos partidos políticos, hay algunas alianzas en la toma de decisiones y votos, y eso tiene inquietos a muchos, por una razón u otra, por un punto de vista u otro, o por enigmas del futuro que pueden partir de ese órgano de Estado.

Cada año, el Congreso debe aprobar el Presupuesto General de la Nación, que elabora el Organismo Ejecutivo y lo envía a revisión y aprobación. La fecha límite es el 30 de noviembre, que en esta ocasión fue el último día donde se votó. Muchos analistas y técnicos han cuestionado el Presupuesto del 2024 porque argumentan diferentes debilidades y abusos, pero el gobierno actual, con su alianza en el Congreso, considera que es el apropiado. La alianza que apoya al partido de gobierno logró la aprobación.

Quienes consideran que tiene debilidades, ilegalidades o inconstitucionalidades pueden acudir a procesos políticos como el veto presidencial o procesos jurídicos que están enmarcados en la ley. A mí, en lo personal, me parece que los últimos presupuestos han sido muy grandes e innecesarios, porque a la vista de la ciudadanía no ha habido mejoras en el sistema de educación y de salud pública, en mantenimiento e inversión de la infraestructura del país ni en algunas instituciones públicas que marquen resultados de eficiencia y calidad, y con cuestionada transparencia en algunas instituciones.

Quizá el punto de mayor alboroto del jueves 30 de noviembre fue el voto del pleno por el retiro de la inmunidad a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que hizo que todo el día se dieran presiones externas de diferentes interesados en el resultado de la votación. Esa votación tuvo un proceso previo, como lo manda la ley, donde una comisión de cinco diputados en voto por mayoría, tres a dos, envió al pleno. Horas después de haberles quitado la inmunidad a los cuatro magistrados titulares se supo por medios de comunicación y redes sociales que tres de los cuatro habían salido del país. La única magistrada titular que no perdió la inmunidad es Blanca Alfaro. Los cuatro que la perdieron no han perdido el cargo. Seguramente la magistrada Alfaro está en consultas jurídicas de cómo integrar con suplentes, que, a mi entender, sin ser muy conocedor del tema, asumen en ausencia de titulares. La razón del retiro de inmunidad es por la acusación de corrupción en compras en el TSE. Sin embargo, hay especulación de algunos de que sea el inicio de un proceso donde se busque anular el proceso electoral.

Ahora hay dos instituciones en el ojo del huracán, producto del río revuelto: El Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral. El MP, porque algunas organizaciones sociales, con apoyo del departamento de Estado de Estados Unidos, la OEA y la UE, piden la renuncia de la fiscal general y del fiscal de la Feci, y el TSE por la pérdida de inmunidad de los cuatro magistrados titulares. Diciembre será intranquilo.