El Congreso está intentando aprobar, a marchas forzadas, la iniciativa 6145, Ley de Planificación y Gestión Pública, mediante la cual pretenden crear un “súper ministerio” de planificación que se encargue de planificar —¿y qué más iba a hacer, pues?— todo lo que hacen los tres organismos del Estado, las municipalidades, las entidades autónomas, las ONG y hasta las universidades. ¿Será una iniciativa de Pinky o de Cerebro? Quienes lo diseñaron seguramente quieren creer que fue Cerebro, pero yo más pienso que fue Pinky.

El poder que se le otorgaría al nuevo súper ministerio, sobre todo el gobierno —y el país—, según Pinky, serviría para que Guatemala funcione tan eficientemente como funcionara la Unión Soviética de Stalin, la China de Mao o la Cuba de los Castro. Esto, para empezar, es abiertamente inconstitucional, ya que vulnera totalmente los principios de separación de poderes esenciales de un gobierno republicano, pues somete toda decisión de política pública en el país al control del gobierno central. No digo que el sistema “republicano guatemalteco” realmente funcione, pero este ministerio eliminaría completamente la posibilidad de que algún día lo hiciera.

Un régimen republicano de gobierno se basa en el sistema de pesos y contrapesos en el que la separación de poderes proporciona un sistema que ayuda a evitar que cualquier organismo del Estado se vuelva demasiado poderoso. Cada organismo puede verificar y limitar el poder de las otras ramas, asegurando que ninguna rama tenga demasiado poder. Este postulado es parte integral de la forma de gobierno de la República de Guatemala, aunque, repito, sigamos estando muy alejados de ese ideal.

Según la propuesta, todas las entidades que reciban fondos del Estado —de los tributarios, realmente—, independiente de su naturaleza, estarían sujetas a las directrices del súper ministerio y hasta amenaza con que les podrían negar fondos si no se “alinean”. Expresamente, en el caso de las municipalidades y entidades autónomas, la iniciativa establece que, “independientemente de su autonomía”, deberían adecuarse al plan que adopte el gobierno. O sea que hasta Pinky reconoce que es inconstitucional, pero como se tienen a la CC en la bolsa, apenas es un inconveniente menor.

Y eso a pesar de que CC anteriores han establecido que el gobierno republicano consiste en un sistema en que la división de poderes es la columna vertebral del esquema político y es, además, el rasgo que mejor define al gobierno constitucional, cuya característica fundamental es la de ser un gobierno de poderes limitados.

La iniciativa claramente busca centralizar, en una dependencia subordinada al presidente, la toma de todas las decisiones de política pública del país, incidiendo sobre cualquier entidad pública e incluso privada. Es quizá una de las mejores muestras de la megalomanía que afecta a quienes se emborrachan con el poder y no pueden aceptar que éste sea efímero y se les escurra de las manos.

En resumen, esta iniciativa es inconstitucional ya que atenta directamente contra el sistema republicano de gobierno basado en la división de poderes. Estoy claro de que todavía falta mucho para llegar a ese ideal, pero esta iniciativa nos alejaría mucho más, encaminando el país hacia un sistema autoritario donde el presidente pueda imponer su voluntad sobre todos los demás.

Es necesario oponerse a la autorización de esta ley y, en caso de ser aprobada, debe ser impugnada en la Corte de Constitucionalidad, aunque hay que estar claros de que es poco probable que la actual corte la suspenda, tomando en cuenta que varios de sus miembros son afines al presidente y difícilmente se atreverían a contrariarlo. Lo que es un motivo más para oponerse a una iniciativa que exponenciaría el poder del presidente.