El proyecto de Presupuesto General de Malgasto y Despilfarro para 2024 propone un monto total de Q124,880 millones, lo que significa un aumento nominal del 5.7 por ciento respecto al presupuesto aprobado, con ampliaciones, para 2023. Aunque siga arando en el mar, repito que nos debemos alejar de esa costumbre de todos los años aumentar el presupuesto “porque sí”, sin que se vea ningún beneficio adicional para los tributarios que tenemos que pagar la fiesta de los burócratas y funcionarios.

En los medios se suele decir que este será el presupuesto “más grande de la historia”, pero eso es cierto de todos los nuevos presupuestos. ¿O acaso ha visto usted que algún presupuesto lo reduzcan con relación al año anterior? No, si los políticos siempre encontrarán algo más en que despilfarrar nuestro dinero antes de permitir que les recorten los gastos.

Por principio, sostengo que es un grave error incrementar el presupuesto, especialmente cuando una buena parte de este se financia a través de deuda. Lo ideal es que el presupuesto sea “balanceado”, en el sentido de que se gaste únicamente aquello que se recauda.

En el caso de Guatemala, aunque la recaudación se ha incrementado considerablemente en los últimos años debido, por un lado, a la digitalización de los procesos fiscales, y por el otro a una mayor presión de la SAT sobre muchas empresas y personas, cayendo en muchos casos en lo que se denomina “terrorismo fiscal”, el presupuesto se sigue incrementando, de tal suerte que, por mucho que se incremente la recaudación, nunca va a alcanzar a los gastos del despilfarro. En este sentido, uno de los rubros que más ha crecido como porcentaje del presupuesto en lo que va de este siglo es el de los gastos de funcionamiento, que básicamente es el gasto en la burocracia. Si realmente se quiere modificar el gobierno, lo que se debería hacer es reducir el personal, tomando en cuenta que muchas de las plazas en el gobierno están de más, y las que sí son necesarias, operan, en buena parte, de manera ineficiente. Por lo menos se debe empezar con eliminar las “plazas para fantasmas”. El gobierno entrante prometió que acabaría con la corrupción y que, en ese proceso “recuperaría el 40 por ciento que se pierde en corrupción”. ¿Tendrán claro que la mayoría de ese monto se pierde en los “gastos de funcionamiento”? Lo dudo. Mucho menos creo que estén dispuestos a enfrentar la cruda realidad: si quieren “recuperar” algo de esa corrupción, deberán empezar por reducir considerablemente la burocracia.

En este contexto, un tema preocupante es que uno de los rubros que se incrementó más en el presupuesto es el del “Servicio de la Deuda”. Mientras que el presupuesto tuvo un incremento nominal del 5.7 por ciento, el servicio de la deuda tuvo un incremento del 28.7 por ciento, es decir, se incrementó a un ritmo 5 veces mayor que el del presupuesto en general.

Aunque muchos sigan sosteniendo ingenuamente que “la deuda es poca y es manejable” o, peor aún, que “es una deuda menor que la del resto de los países de la región”, lo cierto es que, a ese ritmo de crecimiento, el servicio de la deuda irá reduciendo cada vez más los fondos disponibles para el resto de las actividades del gobierno. Lamentablemente, hay pocas posibilidades de que la nueva administración vaya a intentar reducir en algo el monto del presupuesto, la burocracia, los gastos de funcionamiento, y mucho menos la deuda. Todo lo contrario, como ya lo manifestaron, lo más probable es que intenten ampliar todos los anteriores rubros.

Es probable que el pleno del Congreso apruebe el presupuesto como fue presentado por la Comisión de Finanzas y no como lo quiere la nueva administración. Pero siempre existe la posibilidad de que no lo aprueben. Todo dependerá, en buena medida, de lo que suceda en las próximas semanas entre el Movimiento Semilla y el Ministerio Público.