El concepto “pacto social” se ha utilizado desde hace tiempo como sinónimo de un acuerdo ciudadano plasmado en diferentes normas, especialmente en la Constitución. Ciertamente no siempre ha sido “acuerdo” y mucho menos “ciudadano”, sino más bien producto de pactos elitistas que, en cada momento, han proyectado ese constructo social como una forma —artificialmente creada— de unión de objetivos comunes. Como quiera que sea, es algo aceptado, aunque la mayoría no haya participado en su construcción, y va evolucionando con el tiempo por múltiples cambios: sociales, económicos, generacionales, etc.

Los acuerdos de paz se pueden tomar como ese último “pacto social” —hecho por élites— que generó un punto de inflexión en la dinámica de la confrontación del momento. Se desarrollaron, aunque distintas razones hicieron que no fuese posible hacerlo en su totalidad. No solo faltó voluntad política, sino también se hizo un mal cálculo del crecimiento económico nacional, hubo un “no” a la consulta para cambiar la Constitución y otras cuestiones no menores que los llevaron a un callejón sin salida.

Aquel sinuoso camino, emprendido en 1996, conduce a la actualidad, en la que se ha producido un nuevo detonante que puede servir para repensar otro “pacto social”, porque la actualización de los fines y objetivos sociales es algo dinámico que requiere de momentos político-sociales oportunos, y todo apunta a que estamos en uno de ellos. Asuntos como la desnutrición infantil, la violencia, la salud, la educación, la reforma a la Lepp, la implementación plena de la Ley de Servicio Civil y la reforma de la justicia son, entre otros, temas transversales a cualquier ideología política. Por tanto, debería ser muy simple ponerse de acuerdo en arreglar esas cuestiones y dejar el debate ideologizado para otros temas como la paridad de género, las políticas fiscal y económica o el papel del Estado, en beneficio de impulsar aquello en lo que se coincide.

España fue un excelente ejemplo con los “Pactos de la Moncloa”, por cierto también superados, porque el momento político es otro; Chile está haciendo una catarsis similar, y seguramente Colombia aspiraba a ello, aunque parece ser que Petro no es la persona capaz de generar dinámicas de consenso, sino más bien de confrontación, así que deberán esperar.

El nuevo gobierno ha sido elegido —y suficientes análisis y encuestas lo evidencian— para terminar con la corrupción, y es sobre ese elemento fundamental que debe pivotar el resto de las cuestiones no resueltas. No se atiende lo importante porque lo urgente es depredar los fondos públicos en el menor tiempo posible, fundamentalmente a partir del segundo año de gobierno, y se aparcan cuestiones que, además de avergonzarnos por su no resolución —como la desnutrición infantil— proyectan un futuro poco alentador y la aparición permanente, como país, en los puestos más bajos de los diferentes indicadores sociales.

Si la gestión publica se hace sin corruptela —principal reto del nuevo gobierno— es presumible que el debate se oriente hacia los temas fundamentales y pendientes, no solo por voluntad política, sino muy especialmente por presión ciudadana. Cada país tiene sus momentos en la historia que puede o no aprovechar para dar ese golpe de timón necesario. A Guatemala se le presentará el próximo año, y es tiempo de comenzar a construir ese diálogo social con alcaldes, partidos, ciudadanía, empresarios, grupos sociales y con todos aquellos que vean y entienden la necesidad de un pacto apropiado para construir un mejor país en el futuro a corto plazo.

El reto es si la mayoría lo verá así o la desidia y las chambonadas nos consumirán otros muchos años.