El poder del voto ciudadano puede cambiar la dirección del país o, en nuestro caso, sanar el sistema político. En la cultura democrática, el voto es la expresión de la voluntad popular —es decir, que toma en cuenta a toda la ciudadanía, a todo guatemalteco hasta en el último rincón del país y del mundo. El pueblo delega su poder en la representatividad.

Cada persona, a partir de los 18 años, adquiere ese “poder” —un derecho personal e irrevocable. Ese poder se materializa cuando suma a los cientos, miles o millones de voluntades ciudadanas que comparten la misma visión de país y se movilizan para decidir quién los gobernará y qué rumbo tomará el país.
Sin embargo, el Estado debe facilitar el ejercicio del voto, que hoy se ve limitado para la mayoría de la ciudadanía. En nuestro país, para ser ciudadano con plenos derechos no basta con cumplir 18 años, es solo el primero de varios desafíos institucionales que se deben superar antes de ejercer el sufragio. Luego habrá que cumplir con trámites y plazos burocráticos para obtener la identificación personal y el registro en el padrón electoral.

En las ciudades, donde se concentran las oficinas de registro, también es retador. Se debe esperar en largas filas para el proceso de empadronamiento, un paso muy difícil para quienes vivimos en aldeas o caseríos del área rural del país —y totalmente inalcanzable para los migrantes fuera de Guatemala. Además, el día que se debe acudir a las urnas, muchas personas enfrentan los obstáculos de logística y falta de descentralización de los centros de votación, una debilidad del sistema electoral que algunos partidos políticos tradicionalmente corrompen, al pagar movilización de votantes a cambio de su voto. Quienes estamos fuera del país ni siquiera podemos emitir nuestro sufragio. Para recordar, en las elecciones de 2019, cuando por primera vez se habilitó el voto limitado (presidencial) para los guatemaltecos en Estados Unidos, solo hubo centros de votación en Nueva York, Los Ángeles, Houston y Silver Spring. En otras áreas que concentran connacionales —como Miami, Chicago, entre otras—, para votar había que dejar de trabajar, pagar por la movilización y estadía.

La verdadera democracia solo será posible cuando se facilite el voto universal a todo guatemalteco, lo cual permitirá la integración de un Congreso diverso y colorido, a imagen de los cuatro pueblos y las 25 comunidades lingüísticas del país.

A nivel personal, sueño con una sucesión de presidentes proporcional al 50% de población indígena y 50% no indígena. Todo —absolutamente todo— en esta vida es posible. Visualizo a un presidente maya y diviso que la representación indígena llegue a un 50%, en lugar del 3% que hoy tenemos en el Congreso (5 de 160 diputados). El camino que Mauricio Quixtán abrió en 1984 —cuando se convirtió en el primer diputado maya-kiche’— debe seguir.

Reitero, para lograr un país equitativo, un Estado para el bienestar ciudadano y una democracia plena es necesario garantizar el ejercicio del voto a cada guatemalteco. Para lograrlo es clave la integración tecnológica. La transformación hacia un gobierno electrónico no es una tarea difícil, pero sí requiere de liderazgo y voluntad política —especialmente del Congreso—. La mayoría de las instituciones públicas ya cuentan con computadoras y algún sistema de datos, por lo que solo es cuestión de unificar e integrarlos.

Innovar el sistema electoral y la transformación digital de Guatemala está a nuestro alcance. Lo sé porque llevo dos décadas al frente de la transformación digital de las entidades más grandes del mundo y es posible aplicarlo a nivel de país.