Este jueves tuve la oportunidad de presenciar una citación que se hizo en el Congreso, relativa a problemas que se han dado en la aplicación del Tratado de Libre Comercio (DRCAFTA). Fue una experiencia interesante que me permitió valorar la importancia del debido proceso —en todos los ámbitos— y de que los ciudadanos no nos dejemos intimidar por nuestros mandatarios.

La citación fue hecha por el diputado Aníbal Rojas, y participó también el diputado Luis Pedro Álvarez. Asistieron el intendente de Aduanas de la SAT, Werner Ovalle, un técnico de aduanas, representantes del Ministerio de Economía y de la Amcham. Marta Yolanda Díaz-Durán se presentó como representante de una empresa familiar, y contó el caso de todos los problemas que han tenido para ingresar productos provenientes de Estados Unidos. En el caso que pusieron como ejemplo, en la importación más reciente —de un producto que tienen años de importar recurrentemente—, no les aceptaron el certificado de origen.

Cuando llegó la importación, el técnico de aduanas rechazó el certificado de origen, argumentando que esa no era la persona que lo tenía que firmar, por lo que indicó que no podía entrar bajo las preferencias del DRCAFTA, tenían que pagar no solo los aranceles correspondientes, sino también multas por haber intentado ingresar un producto que “no era del DRCAFTA” como si lo fuera. Como ellos no aceptaron esa “reclasificación”, les retuvieron los productos en la aduana por varias semanas y, al final, para sacarlos, debieron pagar una fianza por el monto de los impuestos y las multas que el técnico les impuso.

En la citación, el técnico explicó que no podía recibir ese certificado porque no estaba firmado por la persona correcta y que, además, como no estaba en el “formato acostumbrado”, tampoco podía pedir que lo “ajustaran”. Se llegó a la conclusión de que no existe un “formato” específico y que el “acostumbrado” al que se refería el técnico es un “formato sugerido” por el Ministerio de Economía, pero que no es obligatorio.

El punto culminante de la audiencia —en el que sentí casi como estar viendo una película de abogados en donde el fiscal finalmente logra que el acusado confiese su culpabilidad-— fue cuando, luego de varias repreguntas, salió a luz que, aun si hay algún problema con el certificado, el DRCAFTA indica que se le debe dar 15 días al importador para subsanarlo. En ese momento, el diputado Álvarez le preguntó al técnico si les había dado esa opción a los importadores, y él dijo que no, porque había considerado que, con lo malo que estaba el certificado, no lo iban a poder componer —cuando en realidad solo se tenía que reimprimir y firmarlo la persona adecuada—. Por unas fracciones de segundo, el silencio cayó sobre la sala. El técnico, al verse acorralado, había confesado que violó el debido proceso y, por tanto, violó los derechos de los importadores. No había más que decir. Quedó claro el abuso de poder del funcionario.

Lo importante de esto es que todos los ciudadanos tenemos derechos que los funcionarios están obligados a respetar, pero muchas veces no lo hacen, aprovechándose de la ignorancia y el temor de las personas. La lección es clara: el debido proceso se debe respetar siempre, y los ciudadanos no debemos dejarnos intimidar por los funcionarios. Debemos denunciar los abusos de poder, para que se respeten nuestros derechos. La mayoría no reclama los abusos por temor a las “represalias”, pero mientras no lo hagamos, los mandatarios se seguirán enseñoreando de los mandantes. ¡Empodérese! Sepa que usted, el ciudadano, es quien realmente detenta el poder, y los funcionarios son sus empleados, no al revés.