Este lunes se publicó la Ley de Aceptación de Cargos en el diario oficial. Ahora inicia la batalla legal para ver si se aplicará o no. Hay un gran debate sobre la ley, pero lamentablemente los cuestionamientos principales son de forma y no de fondo, y pocos reflexionan sobre lo dañino que en realidad será esa ley. Yo no estoy de acuerdo con esa ley por inmoral, porque establece incentivos equivocados e injustos. Pero eso no es lo que muchos discuten.

La mayoría de quienes se oponen a esta legislación lo hacen no porque estén en desacuerdo con el concepto de la ley, sino por algunos detalles con los que fue aprobada, que era por lo que muchos le pedían a Jimmy Morales que la vetara, cosa que el presidente no hizo, sino que la sancionó. La reacción de algunas personas en las redes fue tan visceral que hasta llegaron a catalogar a Jimmy Morales de ser el presidente “más nefasto en la historia de Guatemala”. Si bien no considero a Jimmy Morales un presidente ejemplar —ni mucho menos—, calificarlo del más nefasto en la historia es una exageración, propia de la polarización que se ha dado en los últimos años en nuestro país alrededor de la labor de la Cicig, así como de la ignorancia de la historia del país, incluso de la más reciente.

Ahora la Ley de Aceptación de Cargos queda en manos de la CC, que deberá resolver los tres amparos que han sido interpuestos. Lo más probable es que después sea declarada inconstitucional.

Quienes se oponen a la actual ley, pero apoyaron la que propuso la Cicig, se encuentran —sin que muchos de ellos se hayan percatado— en un dilema de difícil resolución. Su oposición a la versión aprobada en el Congreso no es de fondo, sino de forma. Por ejemplo, están de acuerdo con el concepto de la aceptación de cargos, pero no con el porcentaje de reducción de penas. Sin embargo, la CC no debería poder —aunque la actual corte todo lo puede— declarar que la ley es inconstitucional porque reduce la pena en un 50 por ciento, pero si la redujera en un 33 por ciento entonces sí sería constitucional. Para declararla inconstitucional, la CC debería referirse a los temas de fondo, pero ello implicaría que sería igualmente inconstitucional la propuesta de la Cicig. De allí que, con tal de evitar la versión de “los corruptos”, sus opositores están, a la vez, reconociendo que la propuesta de la Cicig también era inconstitucional.

Indistintamente de la discusión de si el decreto aprobado es más o menos restrictivo que la propuesta de la Cicig, yo no estoy de acuerdo porque establece incentivos equivocados, que favorecen a los criminales, y ponen en desventaja a los inocentes. Las personas culpables encontrarán muy fácil aceptar que cometieron un crimen y lo más probable es que eso sea suficiente para que salgan libres, sin mayores problemas. Sin embargo, las personas que sean inocentes de los delitos de los que se les acusa deberán pasar por un largo proceso, muy probablemente en la cárcel, para lograr demostrar su inocencia y salir libres. Esto hace que el incentivo esté puesto para que hasta los inocentes se vean tentados a aceptar la culpa de un crimen que no cometieron, con tal de salir libres y no pasar por todo el largo proceso para demostrar su inocencia. Los incentivos están mal puestos y, seguramente, llevarán a que se cometan muchas injusticias.

Al final, no tengo problema con que se la declare inconstitucional, porque considero que, en efecto, lo es, aparte de la carga moral que impone sobre los inocentes. Lástima que la discusión sea por grados de condena y no por la inmoralidad de la Ley.