Mirador
La “lógica” con la CC
Los mismos que ahora se quejan de las decisiones de la CC dijeron no hace mucho, y cito literalmente: “Los fallos de la CC se cumplen” o “Desobedecer orden de la CC es un delito”.
Que la democracia “no sirve” a la mayoría de los latinos es algo puesto de manifiesto en distintos informes, y en Latinobarómetro de forma especial y continuada. De lo que no se habla es que cualquier institución requiere de la observancia de normas para que funcione, y quizá ese pequeño detalle sea muy importante en el corolario inicial.
La Corte de Constitucionalidad ha estado politizada desde su inicio, porque así está orgánicamente estructurada.
Las redes sociales permiten opiniones plurales y dispersas, y cada uno expresa la suya. Los más timoratos se suman a la de ciertos impositivos mediáticos, pero la pluralidad de razones representa la riqueza y justifica la existencia de la mayoría de las plataformas virtuales. Sin embargo, se ha construido una especie de jungla de opinadores en la que tienen cabida un sinnúmero de atrevidos y analfabetas que, bajo la tónica del derecho a opinar, pretenden darle validez a su opinión, lo que es muy diferente y distante. Cada cual hace de su relato —o al que se suma— una especie de jurisprudencia que permite confrontar decisiones judiciales solamente porque se dispone de dinero para pagar una red y una conexión a internet, y a veces ni siquiera lo segundo.
La Corte de Constitucionalidad ha estado politizada desde su inicio, porque así está orgánicamente estructurada, y lejos de dedicarse a resolver temas constitucionales —como ocurre en otros países— ha asumido la posición de cúspide judicial. Aunque es un “tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional”, en la práctica se ha convertido en el último eslabón de la cadena de justicia.
Siempre me he cuestionado —espero que un día sea debate nacional— cuál es la razón democrática, la lógica racional o la justificación de que el Colegio de Abogados pueda designar a un magistrado en dicha corte, no digamos del que designa la monopólica universidad estatal. No se encuentra justificación posible en ese reducido espacio en el que las neuronas no ingresan, y únicamente se entiende como un reparto de cuotas de poder, lo que invita inmediatamente a asaltar ambas instituciones —como realmente ocurre— por aquellos que desean ejercerlo. Es muy simple, y se sabe, pero se consiente a la vez que se protesta, en espera de tomarlo en algún momento.
Hemos visto cortes que ampararon a Ríos Montt, permitieron o impidieron que Zury Ríos fuera candidata, paralizaron el desarrollo hidroeléctrico del país, suspendieron órdenes presidenciales, intervinieron en el acelerado y manipulado caso de genocidio, prolongaron el período de magistrados de la CSJ o detallaron cómo debe hacerse y qué tiene que contener el reglamento que desarrolla el convenio 169, entre otras muchas cosas. En este último cuarto de siglo, la lucha por el poder ha pasado por tener controlada a la CC, sabiendo que allí se decidiría finalmente incluso si podemos participar en los juegos olímpicos con la bandera nacional. ¡Si no nos hemos dado cuenta todavía del engendro judicial que tenemos, es que nos merecemos todo lo que pase, y posiblemente mucho más!
Los mismos que ahora se quejan de las decisiones de la CC dijeron no hace mucho, y cito literalmente: “Los fallos de la CC se cumplen” o “Desobedecer orden de la CC es un delito”, pero eso era en los tiempos en que la CC estaba integrada por amigos. Ahora que no es así, los calificativos son justamente opuestos.
Lo que hemos construido —y queremos mantener— no se llama sistema de justicia, ¡en absoluto!, más bien responde a la construcción de un sistema de defensa de intereses grupales, ideológicos o de gustos, lo que no tienen cabida en una sociedad democrática y por eso el sistema no nos sirve.
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