Catalejo
La súbita CAME tiene tarea difícil y agobiante
Un camello es un caballo diseñado por una comisión, dice un dicho político. Y el recién anunciado CAME, es una comisión…
Unas sorpresas políticas, de cambios a leyes primordiales, se consideran falta de transparencia. Otras, un apresuramiento. La ya integrada, pomposa y sorpresiva Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME) tiene una abrumadora tarea y necesita la participación de sectores de cualesquiera criterios, porque su fin primordial es decidir los urgentes cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). Lo ocurrido en las anteriores elecciones despertó —estoy seguro— interés ciudadano en apoyar dichos cambios por medio de enviar sugerencias. La primera decisión entonces es abrir la puerta para recibirlas por cualquier vía, en especial las ahora tan importantes redes sociales, obviamente con requisitos de identificación para evitar anónimos.
CAME también debe seguir los significados y reglas gramaticales del español, idioma oficial, como lo indica la Constitución.
La importancia de la LEPP obliga a llamar a todos los sectores nacionales a participar en sus cambios. Hay un criterio a todas luces válido: no solo deben participar abogados ni políticos, para: a) Evitar en lo posible redacción oscura y ambigua de textos, por ello sujetos a incontables interpretaciones y aplicaciones maliciosas de amparos, por ejemplo. b) Impedir la posibilidad del empeoramiento de la ley actual al hacer cambios en favor de estas agrupaciones politiqueras participantes en las elecciones guatemaltecas. Hay metas axiomáticas (verdades innecesarias de demostrar): devolverle al TSE su calidad de Supremo en el campo de su competencia, al no estar sujeto a otra autoridad, por ser autónomo. Allí está su fuerza, peligro e importancia al integrarlo.
Pero esto debe realizarse de otra manera. Las entidades de donde emana están en la picota: el Ejecutivo, el Colegio de Abogados, la USAC y las Cortes de Constitucionalidad y Suprema de Justicia, junto con el Ministerio Público, causantes de estragos en la elección anterior, no pueden escapar al criterio de haber actuado malintencionadamente. Los “partidos” políticos de Guatemala no son tales. Su proliferación, lejos de ser prueba de democracia indican lo contrario, por carecer de ideología y depender de dizque líderes autonombrados. Limitar su participación no es discriminatorio, sino normativo. Hay otros casos: la mayoría poblacional (menos de 40 años) no puede aspirar a la presidencia; los militares solo podrán hacerlo cinco años después de su retiro.
Dar participación a la “chiquitolina” partidista, es poner al lobo feroz a cuidar ovejas. La CAME necesita anunciar qué porcentaje de importancia tiene cada uno de los sectores participantes. Respecto a los partidos es imprescindible reducir su número gracias a mayores requisitos, exigir un mínimo de tiempo antes de participar en elecciones presidenciales, y crear un escalafón de hacerlo primero para alcaldes, luego para diputados. Urge eliminar los listados para sacar el número de curules de cada partido. La figura de “lista nacional” en la práctica es el refugio de gente apuñuscada en esos seudopartidos, y también necesita de requisitos para participar. Todo esto va en camino de cumplir y ayudar a la prometida transparencia, tan necesaria y exigida por los electores.
En esta línea, la CAME debe informar el significado y alcance de los cambios, la diferencia entre los actuales artículos y los sugeridos, antes de ser aprobados; mantener el conteo manual de votos y de juntas electorales integradas por ciudadanos voluntarios. Respetar el derecho constitucional de los periodistas de asistir a las sesiones, por ser actos públicos. Pedir y estudiar sugerencias individuales de cambios vía correos electrónicos o videos, pero con nombre verdadero, foto, y sin seudónimos. Lo fundamental, difícil e indispensable: fijarse en el tiempo disponible, solo tres años, pues la ley debe estar lista en 2027, y lograr un acuerdo político para reducir la tarea en el Congreso de solo aprobar o rechazar lo aprobado por consenso, no decidir cambios por travesuras curulescas.
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