La condena a 26 años de Jabes Meda, un joven que atropelló a unas estudiantes —mató a una e hirió a otros cuatro— ha suscitado opiniones diversas sobre la justicia, la venganza, el sistema legal y cuestiones relacionadas.
El MP solicitó 90 años y todavía cinco más —95 en total—, la acusación particular promovida por una ONG. El tribunal impuso 26 años, al no encontrar dolo en la actuación del encartado. En redes, demasiados manifestaron que Jabes se debería haber quedado de por vida en prisión; los menos, que la condena estuviese acorde con parámetros menos apegados a venganza o emotividad que a razón. Las familias de las víctimas habían negociado —y recibido— cierta cantidad de dinero, con la que teóricamente quedaban “satisfechas” sus expectativas de reparación. La persecución pública, sin embargo, atendía más a razones legales y normadas que a procesos de diálogo, arbitraje y negociación. Y así se fue el caso Jabes, sin que realmente haya tenido, en mi opinión, el impacto deseado ni el pertinente debate jurídico.

Considero que la esencia de la discusión —ausente— se sustenta en varios pilares. Uno de ellos es si hubo dolo o culpa —marcada intención o simplemente negligencia—, y el tribunal dejó claro que fue lo segundo: una imprudencia que podía haberse evitado, lo que representa el soporte de la condena posterior. Pero hay otros factores, algunos como el señalamiento del fervor religioso del joven o el porqué estaban allí las alumnas cuando deberían estar en el colegio, que solamente agregan pasión a la discusión; y otros que sí deben ser tenidos en cuenta. Una sociedad que pide a gritos justicia debe plantearse un debate serio sobre qué entiende por eso que solicita insistentemente. Para algunos sistemas y propuestas, la reparación adecuada del daño es justamente la justicia que se solicita y, en este caso, guste o no, la familia se “conformó” con una indemnización ofrecida por el ofensor. ¡Es delito de acción pública!, gritan algunos, y justifican que el Estado, independientemente de la compensación recibida y de la conformidad de los ofendidos, continúe persiguiendo al agresor. ¿Justicia para quién?, es la pregunta pertinente. ¿Para ese concepto abstracto de sociedad que todo lo justifica? ¿Persecución pública para satisfacer qué interés en concreto? Pero así está en la ley, y el positivismo jurídico de los litigantes no pasa de esa estricta interpretación normativa. ¡Es natural!, las facultades de Derecho de este país gradúan a licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogados y notarios, en vez de filósofos jurídicos capaces de analizar, comprender y reflexionar sobre cómo debe ser la justicia en una sociedad moderna.

Demasiado tecnócratas para aplicar normas con puntos y comas que cambian o desaparecen con el tiempo, y muy pocos filósofos del Derecho que realmente tengan la capacidad de hacer converger el pensamiento propio y el de otros destacados juristas. De esa cuenta, se discute la norma como pilar inamovible y no la filosofía como elemento dinamizador. ¡Claro que así nos va! El caso Jabes debería ser un punto de inflexión —como lo han sido otros— para reflexionar si, atendiendo a los hechos, 90 años de cárcel a un joven es “justicia”.

Algunos me dicen: ¿y qué dirías si fuese tu hija?, y les contesto: ¿qué harías tú si fueses el papá de Jabes? En todo caso hay una respuesta más sería fuera de esa nadería: cuando no existe “el velo de la ignorancia” que promueve John Rawls, es muy difícil hacer normas ¿Qué, quién es ese y qué es eso? Justamente ahí está la clave: la mayoría de abogados del país no lo ha leído.