IDEAS

No solo los ciudadanos debemos apretarnos el cinturón

La guerra en Ucrania y la guerra de sanciones que se han anunciado alrededor nos enfrenta a una nueva realidad: se está acelerando el incremento en el precio de los combustibles que ya venía desde el año pasado y, pronto, veremos también las consecuencias en muchos otros productos, que se ven afectados, en algunos casos directamente y en otros indirectamente, pero el efecto neto es que casi todos los precios se irán incrementando en el futuro cercano. Ante estos acontecimientos, no hay mucho que los guatemaltecos ni el gobierno podamos hacer más que apretarnos el cinturón. El problema es que, cuando se dan situaciones así, los ciudadanos tenemos que apretarnos el cinturón, pero el gobierno casi nunca lo hace.

' Para aliviar la carga a los guatemaltecos, lo único que realmente puede hacer el gobierno, pero no lo quiere hacer, es quitarle impuestos.

Jorge Jacobs

No hay que ir ni siquiera a ejemplos históricos. Mientras la mayoría de los guatemaltecos estamos empezando a sufrir ya el incremento en el precio de los combustibles —y los demás productos—, los gobernantes están viendo cómo hacen chinche el dinero que les “sobró” del año pasado y se están recetando Q3,100 millones adicionales al gigantesco presupuesto que les aprobaron para este año. Para su referencia, ahorita en el Congreso están aprobando a “matacoche” una ampliación presupuestaria para tener dinero para saludar con sombrero ajeno en las elecciones del año próximo. Dicen que lo utilizarán principalmente para “bacheos”, pero realmente les servirá para la campaña. Y mientras los políticos se regodean con todo el dinero que nos han quitado a los tributarios, nosotros estamos viendo cómo hacemos para llegar a fin de mes. De allí que, si los guatemaltecos nos vamos a tener que “apretar el cincho” en los próximos meses como consecuencia de la guerra, lo mínimo que deberíamos esperar es que el gobierno se “apriete el cincho” por lo menos un poco.

En épocas así, mucha gente pide que el gobierno “haga algo”. Pues para aliviar la carga que representan los altos precios de los combustibles para los guatemaltecos, lo único que realmente puede hacer el gobierno, pero no lo quiere hacer, es quitarle impuestos.

¿Qué más podría hacer el gobierno? Nada más. No puede amenazar a los productores de petróleo con que si no le bajan el precio ya no vamos a comprar. Tampoco puede ponerles precios tope a los combustibles porque lo único que lograría es que haya escasez de combustible, largas colas en las gasolineras y que entre más gasolina de contrabando. Mucho menos debe salir con “subsidios”, que son la forma más ineficiente del uso de los recursos de los tributarios.

La única otra opción que le queda al gobierno es la más obvia: quitarles los impuestos a los combustibles. En cada galón de gasolina que le echa a su carro, moto o camión, hay un impuesto específico —adicional al IVA— que está pagando. En la gasolina súper son Q4.70 por cada galón; en la gasolina regular, son Q4.60 por cada galón. Y hasta en el gas propano se paga un impuesto de Q0.50 por cada galón, lo que implica que en un cilindro de 25 libras se paga un impuesto de Q2.80.

Lo peor de todo es que este es un impuesto inconstitucional. La Corte de Constitucionalidad ya lo declaró así desde hace más de 15 años, pero los diputados de esa época, en uno de los mejores ejemplos de “fraude de ley”, le jugaron la vuelta a la CC y solo le cambiaron la redacción a la ley del impuesto, para decir que ya no era inconstitucional y seguir cobrándolo.

Quitar el impuesto inconstitucional a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo es lo único que realmente podrían hacer los diputados y el gobierno para que los guatemaltecos pudieran conseguir gasolina más barata en las actuales circunstancias. Es lo mínimo que puede hacer el gobierno para “solidarizarse” con la población que ya está teniendo que apretar el cincho.

ESCRITO POR:

Jorge Jacobs

Empresario. Conductor de programas de opinión en Libertópolis. Analista del servicio Analyze. Fue director ejecutivo del Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES).

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