Así como no se puede decretar la felicidad, tampoco se puede declarar la seguridad por convenio. Considerar que Guatemala puede ser un “tercer país seguro” solo por firmar un convenio y que otro gobierno —supuestamente— se encargue de los costos es un mal chiste que lamentablemente nos va a estallar en la cara próximamente. La “negociación” que el gobierno guatemalteco ha estado realizando con el gobierno de Estados Unidos desde hace varias semanas se ha descarrilado tanto que me temo que al final nos saldrá mucho más caro el caldo que los frijoles.

No nos engañemos, este tema es tan importante para Trump —porque cree que de ello depende su reelección— que lo tratará de sacar avante cueste lo que cueste y se interponga quien se interponga. De hecho, la administración Trump tenía un plan B en caso de que fallara el acuerdo de “tercer país seguro” con Guatemala, y no dudaron en implementarlo inmediatamente. Para ello anunciaron este lunes una nueva norma que establece que no se le dará asilo a cualquier persona que no lo haya solicitado previamente en un país por el que transite antes de llegar a la frontera sur de Estados Unidos.

En pocas palabras, van a establecer los procedimientos de “tercer país seguro” unilateralmente. En la norma se establece que las personas a quienes se les deniegue automáticamente el asilo por esta razón todavía tienen el derecho de presentarse ante un juez migratorio para apelar su expulsión, lo que implicaría que de todos modos podría quedarse en Estados Unidos el tiempo necesario para que se procese su solicitud. Este tiempo se ha ido incrementando en los últimos años conforme la presa de casos pendientes ha ido creciendo, al grado de que actualmente se calcula un promedio de 727 días desde que a alguien lo capturan en la frontera hasta que se debe presentar ante un juez. Sin embargo, también ya tienen la solución para eso: lo buscan reducir a través de otra norma por medio de la cual se amplían las capacidades de las agencias de seguridad fronterizas para agilizar el proceso de expulsión sin tener que presentar ante un juez a los potenciales expulsados. Esta norma ya está vigente con ciertas limitantes que la modificación buscaría reducir para darles más poder de decisión a los funcionarios de las agencias.

Mientras tanto, aquí en Guatemala, el Gobierno se ha ido enredando cada vez más en la trama. Considero que la única forma que tiene de esclarecer el tema es dando a conocer el texto de los acuerdos que están negociando con el gobierno de Estados Unidos, ya que ellos dicen que no, pero Trump dice que sí, y a estas alturas, con todo y todo, tiene más credibilidad Donald Trump que los ministros guatemaltecos.

Buena parte de los problemas recientes que ha afrontado el Gobierno se deben a la falta de transparencia en sus acciones. Con los aviones argentinos lo mantuvieron todo en secreto hasta que Jimmy Morales ya había firmado el “acuerdo” con Macri. Con el tiempo nos hemos ido enterando de que ya llevaban meses de estar haciendo esta negociación, pero la mantuvieron oculta hasta el último momento. Lo mismo les está pasando ahora con la negociación con la administración Trump, llevan meses de estar negociando, pero hasta la fecha desconocemos completamente de qué se trata, así que ¿por qué tendríamos que creerles a ellos más que a Trump? Si algo ha caracterizado a Trump es decir las cosas sin tapujos ni darle vueltas, de donde lo más probable es que sí se estaba negociando dicho acuerdo.

Así que, que no le den más vueltas al asunto: si en realidad no tienen nada que ocultar, que muestren lo que están negociando. Si es verdad lo que dicen, ¿a qué le temen?