Ya terminado el ruido estruendoso, o fragor, de la lucha política, el pasado inmediato de hace apenas cuatro semanas debe ser dejado atrás. Los personajes hoy encargados de dirigir la cosa pública en cualquiera de los órdenes del Estado tienen la obligación, a la vez muy favorable para ellos, de decidir cómo desean entrar a la Historia. Algunos no podrán hacer ya nada por salirse del terrible lugar donde ya se encuentran, y sólo esperan el juicio y condena inmisericordes por sus acciones. Sandra Torres es el caso más notorio. Fueron amos de sus posibilidades y ahora esclavos de las consecuencias, pero esto se convierte, paradójicamente, en una posibilidad positiva para quienes llegan.

Guatemala tiene gravísimos problemas en todos los órdenes. El factor de la corrupción está en todo, en especial —pero no exclusivamente— en los políticos y sus compinches de cualquier tipo. Los maestros, quienes dirigen hospitales y se relacionan con la compra de medicinas y su debido reparto, o quienes se encargan de las comunicaciones terrestres, recepción de impuestos, etcétera, son solo pocos ejemplos de temas cuya solución no puede realizarse una por una. Necesitan ser simultáneas, con un esfuerzo concentrado en un objetivo fijo, al mismo tiempo. La lucha contra la delincuencia es fundamental porque la inseguridad personal es el peor de los problemas del país, según las encuestas. Al actuar en varios frentes, es fácil lograr el fundamental apoyo ciudadano.

Poco se escribe y se critica abiertamente un factor fundamental: la manera de actuar y vivir de los altos funcionarios con súbita ascendencia en la escala económica. Casas de lujo en barrios residenciales, ropa y relojes de varios cientos de dólares, suites de cinco estrellas en el extranjero, en fin, ostentación para supuestamente dar dignidad a un cargo, deben ser consideradas como son: escasa sensatez, falta de lógica y comprensión de la forma como será visto por los ciudadanos. Ello es imperdonable en esta época de comunicación masiva instantánea. Las figuras públicas tienen poco derecho a la vida privada, pasada con la familia. Incluso en sociedades abiertas se agrega la vida íntima, y en especial los entretenimientos extramaritales.

Un tema muy difícil lo constituye reducir o eliminar el abuso de ciertas libertades. Un ejemplo: cerrar todo o parte de un país o de una ciudad para presionar por reales o supuestos derechos. Deben ser castigados legalmente —como se hace en países democráticos— a los organizadores de acciones causantes de daños económicos, molestias al libre paso de personas; huelgas magisteriales o de grupos estudiantiles. No se trata de eliminar el derecho de protesta constitucional, sino el desborde, la irresponsabilidad. Para detenerlo, es menester —eso sí— el compromiso de las autoridades de escuchar los criterios de quienes protestan. Es poner orden en la manera de pedir o exigir derechos individuales o de grupos, pero siempre y cuando no afecten aquellos de la colectividad nacional.

Para finalizar, entre esas acciones simultáneas no se puede dejar de mencionar al sistema legal. Es inaceptable dejar encerrado en una cárcel, verdadera escuela de crimen, a alguien acusado de algún delito menor e incluso de crímenes cometidos por delincuentes primarios. Se debe diferenciar entre crimen, un delito grave, y delito, es decir quebrantamiento de la ley. Como queda claro, Guatemala se enfrenta a un dragón de mil cabezas y por ello, agacharse ante presiones extranjeras, además de no ayudar, empeora todo. Esta tarea debe enmarcarse dentro de valores éticos y morales no solo pertenecientes a la religión, cuya naturaleza es distinta, sino en aquellos relacionados en forma directa con lo correcto y lo incorrecto, no solo en lo legal o ilegal.