Ayer se oficializaron los resultados de la segunda vuelta electoral y presumo que hoy se publicará el acuerdo en el diario oficial. Ello implica que para cuando usted lea este artículo Sandra Torres habrá dejado oficialmente de ser candidata presidencial y, por tanto, ya no gozará del privilegio del antejuicio. Uno de los desenlaces de la elección para Torres ya se acabó, ahora empieza la nueva etapa, ¿qué le deparará el futuro?

Yo había dicho en un artículo anterior que los desenlaces posibles de este proceso para Torres eran la presidencia o la cárcel, aunque ahora considero que puede haber otros desenlaces. De entrada, el del Guacamolón ya está oficialmente descartado. Ahora resta ver dónde terminará. La opción principal considero que sigue siendo la cárcel, sin embargo, ahora considero que puede haber otras opciones. Ella de seguro estará pensando que si todo el trabajo que le llevó colocar gente afín en lugares importantes de decisión —desde el Congreso hasta la Corte de Constitucionalidad, pasando por muchas cortes y la Corte Suprema de Justicia misma— no le sirvió para alcanzar la presidencia, por lo menos que le sirva para evitar pasar el resto de sus días en la cárcel o fugada.

De allí que considero que ahora estará trazando su plan de cómo enfrentar las acusaciones en su contra. Si los otros afines del partido lograron que les concedieran rápidamente medidas sustitutivas —Colom, Fuentes Knight, etc.—, ella seguramente está considerando que logrará lo mismo. Por eso es que, en lugar de huir —supuestamente—, su abogado llegó a ponerla a disposición de los tribunales y hasta con su pasaporte en mano, para demostrar que no se quiere fugar. Digo supuestamente porque, en realidad, nadie la ha visto públicamente desde la segunda vuelta, así que bien podría a estas alturas estar en Madagascar o haciéndole compañía a Sinibaldi en Italia.

Pero ahora considero que no querrá huir, sino que esperará que los tribunales amigos la traten con deferencia. Ello se debería traducir en que, por ejemplo, no le pongan una orden de captura, sino que la citen para que se presente voluntariamente a declarar. Luego, como se presentará voluntariamente, pues la ligarán a proceso, pero no la mandarán a prisión preventiva, sino que rápidamente le concederán medidas sustitutivas. O, en última instancia, y solo para no ser tan obvios y guardar un poco las apariencias, la harán pasar un par de días en el Mariscal Zavala.

Después de eso, el proceso se alargará ad eternum y, al final, cuando ya el tema esté olvidado del ojo público, la absolverán de las acusaciones o, a lo más, le darán una condena menor a cinco, años para que no deba pasar por la cárcel, y le pondrán una multa estilo Anabella de León, solo para taparle el ojo al macho. No importa lo mucho que haga el MP —que tampoco será tanto—, las acusaciones en su contra no prosperarán y será respaldada aun hasta por la CC.

Al final, luego de unos años, estará lista para nuevamente poner al siguiente presidente de Guatemala.
O puede ser que yo esté completamente equivocado y cuando usted lea esta columna ya se haya emitido la orden de captura y la anden persiguiendo con todo un pelotón de policías y fiscales, como en los mejores tiempos de la Cicig, y ella probablemente ya esté bien lejos, en algún país sin extradición con Guatemala, fuera del alcance de la justicia guatemalteca.

No lo sabemos, pero me atrevo a apostar que ella confiará en que sus cuates le permitirán salir avante de esta acusación. ¿Usted qué opina?