El decreto de Estado de Sitio en El Estor es una medida drástica tomada por el gobierno de Alejandro Giammattei con tal de lograr controlar la ingobernabilidad que se vive en ese municipio. Sostengo que es innecesaria la declaratoria de un estado de Sitio, ya que la Policía y el Ejército tienen plenas y suficientes facultades para intervenir en este tipo de situaciones en las que los delitos se están cometiendo activamente de forma flagrante.

Sin embargo, aun en el caso en que se considerara que un estado de Sitio es la única vía para que la Policía y el Ejército puedan hacer uso de todas las facultades que la ley les confiere, me parece importante señalar que hay decenas de casos de invasiones de alto impacto más allá de la situación de CGN por las que el Ejecutivo y el Congreso no han puesto a funcionar toda su maquinaria para responder con la misma contundencia. El problema real es la inconsistencia.

Para evitar esas inconsistencias es correcto que el Gobierno haya quitado los bloqueos en El Estor, pero es necesario que lo haga también en todos los demás casos en donde se realizan bloqueos que atentan contra los derechos de toda la población.

En El Estor se puede ver claramente cómo un grupo busca imponer por la fuerza su visión a los demás. Los más de 20 días de bloqueos que hicieron no afectó solo a la empresa minera, sino a toda la población de la región.

Por si eso no fuera suficiente, el argumento que utilizan es falso, ya que dicen que se oponen a que funcione la minera porque la Corte de Constitucionalidad (CC) le suspendió sus operaciones, pero esto no es realmente así. La sentencia de la CC lo que hizo fue suspender la licencia minera de explotación Fénix, donde en efecto se suspendieron los trabajos desde que la sentencia quedó firme en febrero de este año. Sin embargo, la sentencia de la CC no aplica a la operación de la planta de procesamiento, ni a las otras dos licencias de explotación que la empresa posee, por lo cual lo que se debía suspender debido a la orden de la CC era la extracción en el área de la licencia Fénix, pero no en los demás proyectos de la empresa minera. A la “operación” que los bloqueadores se refieren es a la que la empresa minera realiza con las otras licencias de explotación, que no tienen nada que ver con la licencia Fénix.

En la sentencia de la CC se ordenó al MEM reducir el área de explotación de la licencia Fénix, lo que ese ministerio realizó en abril de este año, reduciendo el área de la licencia, de 247.99 kilómetros cuadrados a 6.29 kilómetros cuadrados. Luego de esta reducción, el área de influencia de la licencia se redujo considerablemente y ahora abarca a 35 comunidades dentro del área de influencia directa y 18 dentro del área de influencia indirecta, representantes de las cuales están participando en el proceso de consulta ordenado por la CC, que está cerca de terminar el proceso de “preconsulta”.

Indistintamente de lo que se resuelva, tanto con el estado de Sitio como con la consulta, los grupos que utilizan la oposición a la minería formal como bandera para adelantar sus intereses seguirán utilizando ese argumento y continuarán oponiéndose al desarrollo minero en Guatemala.

Sigo sosteniendo que la mejor forma de resolver este problema, en el largo plazo, es devolviéndoles a los guatemaltecos la propiedad del subsuelo, en lugar de que siga siendo “propiedad del Estado”. No es necesario hacer cambios en la Constitución para ello —aunque sería lo ideal—, sino solamente establecer un sistema de títulos de usufructo, similar al que opera en el ámbito de las radiofrecuencias, para que las personas que son propietarias de los terrenos sean también poseedoras de los derechos del subsuelo y puedan negociarlos libremente y beneficiarse ellos.