Parece increíble lo que nuestros gobiernos en Latinoamérica, y diría que casi en el mundo entero, hacen con tal de ganarse la simpatía de la mayoría de los votantes a los que algunos denominan “clases populares”. Gobiernos de derecha o izquierda actúan casi de igual manera en este tema a través de subsidios y ayudas “solidarias” que enamoran a sus simpatizantes. Pero económicamente todo esto es un grave error.

En primer lugar, los gobernantes de turno quedan muy bien con sus votantes ofreciendo toda clase de paliativos a los ciudadanos sin explicar de dónde sacan los fondos y sin aclarar a quiénes benefician en realidad. La nueva petición para seguir subsidiando el diésel por parte del Ejecutivo es un ejemplo. No todos utilizan diésel. De hecho, en el interior del país, donde está la gran mayoría de personas más pobres, de seguro el uso del diésel es mínimo en comparación con las grandes ciudades urbanas. Es verdad que el transporte colectivo y el de carga utilizan diésel, pero también lo usan muchos automóviles de todo tipo. A la vez se usa en generación de energía y vapor en lavanderías y en la industria en general. El tema es que los más pobres utilizan mucho menos o casi no usan diésel, el cual ahora tendrá una pequeña rebaja debido al subsidio.

Esto implica una injusta transferencia de riqueza de quienes pagan impuestos a otros que sí pudiesen pagar el precio del diésel en su totalidad. Dicho esto, ¿cuál es el costo de oportunidad de ese subsidio? El costo de oportunidad es la mejor alternativa que hubieran tenido esos fondos del subsidio si no se otorgara el mismo. Podrían haberse destinado a mejorar los accesos en lugares remotos y pobres, o haberse invertido en más seguridad y justicia o incluso haber disminuido la deuda pública. Otros tendrán sus propias ideas, pero cualquiera tendría algo mejor en dónde invertir ese monto que en subsidiar a quienes ya usan diésel.

Desde el punto de vista económico, los subsidios falsifican los precios. Recordemos que los precios son señales importantes tanto para los consumidores como para los productores. Son un semáforo que cuando el precio está alto le dice al consumidor que tiene que racionar su compra o bien si sigue comprando al mismo nivel que antes tendrá que reasignar sus prioridades para lo que le quede de su presupuesto, es decir, disminuyendo su consumo de otras cosas o bien reduciendo sus ahorros. En cuanto al productor, este se incentivará por los altos precios a seguir produciendo o producir más a través de incrementar sus turnos o ampliar sus líneas de producción para servir la demanda de los consumidores. Si el precio disminuye, el consumidor empezará a incrementar su cantidad demandada y el producto tendrá que reducir su producción cuando vea que su costo marginal llegue a superar sus ingresos marginales. En los precios de mercado, la cantidad ofertada tiende a igualarse a la cantidad de demanda; no sobra ni falta producto. El cien por ciento del producto tiene dueño, ni más ni menos.

El subsidio falsifica el precio al consumidor, disminuyéndolo y engañando al consumidor a que siga demandando la misma cantidad como si no se hubiera incrementado. Lo que ocurrirá es que puede llegar a haber escasez del producto porque el Gobierno interviene con la voluntaria racionalización de los bienes y servicios más escasos. Además, el Gobierno transfiere riqueza de unos, los que pagan impuestos, a otros, los que reciben el subsidio, que no necesariamente son los más pobres. Es antieconómico y empobrecedor. Otorgar subsidios es una medida populista y política, pero jamás económica.