Esta semana, en el Congreso le dieron el tiro de gracia al primer proyecto de Alianzas Público-Privadas (APP). El proyecto era para reconstruir y operar durante 30 años la carretera de Escuintla a Puerto Quetzal. El objetivo era que la carretera funcionara lo más eficiente posible, en la modalidad de carretera de peaje. Pero el proyecto fue rechazado por 50 diputados, con lo que seguiremos con una carretera desastrosa por quién sabe cuántos años más, con las serias implicaciones que ello tiene en la competitividad de los productos guatemaltecos, que tienen unos de los costos logísticos más altos del mundo. Pero los diputados y muchas personas están contentas porque supuestamente se evitó la “privatización” de la carretera. ¡Qué triste que se alegren de perpetuar la pobreza!

Yo soy fiel creyente de las soluciones completamente privadas, pero reconozco que este modelo es mejor que la alternativa. Considero realmente lamentable que este proyecto, que tanto tiempo y esfuerzo requirió, se haya desechado. Es un grave revés para el futuro de las inversiones en el país. Afecta la forma de realizar la construcción de “obra pública”. Pero, más importante aún, son las implicaciones que tiene la deficiente infraestructura de transporte del país sobre la producción y el comercio. Si no se encuentra la forma de salvar este obstáculo, difícilmente podrá mejorar la competitividad de los productos producidos en Guatemala y, por tanto, será más difícil atraer nuevas inversiones.

Para llegar a este punto, primero se hizo todo el proceso, incluyendo una licitación internacional. Como estaba diseñado el proyecto, no le iba a costar un centavo más a los tributarios, sino solo a las personas que utilizaran la carretera. La empresa que ganara la licitación tenía que conseguir ella misma el financiamiento para realizar la reconstrucción y luego debía recuperar la inversión a través del cobro del peaje. Durante los primeros años debía pagar un pequeño porcentaje de los ingresos al Gobierno, y luego de varios años, la empresa tenía que decir qué porcentaje de los ingresos le iba a dar al Gobierno. En la licitación internacional, el dato más importante era esa cifra. Dos de las empresas que participaron ofrecieron un porcentaje alrededor del 5 por ciento. La empresa que ganó la licitación ofreció un porcentaje de más del 40 por ciento. Esa cifra era la más alta de cualquier proyecto similar en toda Latinoamérica.

Una vez estuviera operando el proyecto, de los fondos que serían para el Gobierno una parte estaría destinada al mantenimiento de la otra carretera, la que va de Escuintla a Puerto San José, para que todas las personas tuvieran la opción de circular por esa carretera sin pagar nada o utilizar la autopista de peaje. Otro porcentaje de los ingresos se destinaría para el desarrollo de las comunidades alrededor de la autopista.

Ahora todo eso está perdido. Algunos diputados se opusieron por motivos ideológicos. Otros porque el modelo de APP atenta contra sus lucrativos negocios de obra pública, y no quisieron correr el riesgo de acabar con su gallinita de los huevos de oro de la corrupción.

Ahora lo más probable es que pasaremos varios años más con una carretera en desastrosas condiciones, que luego se reconstruirá a través del modo tradicional, con el Micivi contratando de manera poco transparente su reconstrucción, y los tributarios pagando quién sabe cuántos cientos o miles de millones de quetzales. Mientras tanto, nuestros productos seguirán perdiendo competitividad, las inversiones seguirán sin llegar y más guatemaltecos seguirán intentando entrar a Estados Unidos porque aquí no encontrarán empleo, ya que, simplemente, estos no se crearán. ¡Valiente victoria la de los estatistas!