Lo que para Nicolás Maduro y su camarilla gobernante es visto como una victoria, fraguada mediante una farsa electoral, muy rápidamente se convertirá en el inicio del fin de un régimen que ya terminó de perder el rumbo y ha pervertido el último vestigio de democracia, a través de procedimientos fraudulentos a los cuales solo el oficialismo da crédito.

Tal y como estaba previsto, el Gobierno de Estados Unidos anunció ayer sanciones contra Nicolás Maduro, a quien le serán congelados todos los activos a los que el Departamento del Tesoro estadounidense tenga acceso, pero también se advirtió de que se aplicarán medidas similares contra todos los involucrados en esta nueva farsa, a fin de que desistan de asumir un cargo en la Asamblea Constituyente programada para mañana.

Con las sanciones anunciadas por Washington, Maduro se une a 13 altos funcionarios venezolanos que también fueron castigados la semana pasada por su obstinación y clara interferencia con el fortalecimiento democrático. El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, de hecho calificó ayer de ilegítimo el evento electoral, por considerar que apuntala el carácter dictatorial del mandatario venezolano.

Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, calificó de fracaso la violenta jornada electoral del domingo y anunció que tampoco reconocerá los resultados, como ya lo han hecho varios países latinoamericanos, junto a Estados Unidos y España, que también podrían adoptar otras medidas.

A Maduro solo lo respaldan los gobernantes de otros países igualmente marcados por la corrupción y el atropello a las libertades, como es el caso de Cuba o Nicaragua, en los cuales un régimen monárquico ha encontrado también los mecanismos para burlar la voluntad popular, como sucede con Daniel Ortega, quien debe estar agradecido por el millonario respaldo que recibe de Venezuela gracias a los envíos petroleros.

Ahora se acentuará el aislamiento internacional contra Venezuela. El repudio hacia la tiranía apenas empieza, pues como ayer lo hizo Estados Unidos, todavía quedan muchos recursos para castigar a Maduro, como el acceso a fondos internacionales y a la misma compra de petróleo, que podría representar la debacle para ese país sudamericano, al ser la economía estadounidense el principal mercado del crudo obtenido.

A los gobiernos que ya han anunciado el desconocimiento de las autoridades surgidas de un fraude electoral les corresponde materializar su inconformidad con no reconocer ninguna de las medidas que puedan emanar de un engendro como la asamblea constituyente madurista, porque su evidente propósito será anular a la oposición y todo lo logrado hasta ahora en favor de la democracia.

El régimen madurista pretende atribuirse un éxito sobre la base de que habrían votado más de 8 millones de venezolanos, un 41.5 por ciento del padrón electoral, algo que nadie puede verificar, pues no hubo participación de la oposición, nadie pudo atestiguar sobre el proceso, a los medios de comunicación se les vedó el acceso a los centros de elección, y cuando votó Maduro el programa de verificación reportó que esa persona no existía, con lo cual se consolida el bochorno.