Conforme pasan los días, salen a la superficie todos los aspectos relacionados con el deslizamiento de El Cambray. La cuenta de cadáveres recuperados ya pasa de 200 y se está considerando la posibilidad de declarar cementerio esa área, si se desprende la otra mitad del cerro. El trabajo se hace con cuidado y con estrictas reglas para no poner en peligro a los más de 500 voluntarios que trabajan y se enfrentan al olor de los cuerpos en descomposición.

Pero lo más importante de todo es emprender las investigaciones respectivas, a fin de deducir las responsabilidades legales, y escuchar las críticas de organismos nacionales e internacionales. El Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala expresó oficialmente la necesidad de que las instituciones del Estado hagan su trabajo y las leyes sean respetadas. La Procuraduría de los Derechos Humanos exigió a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula que traslade a otra área a los sobrevivientes.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres afirma que ha presentado por lo menos dos reportes, desde hace 14 y siete años, en los que calificó la zona como de alto riesgo, a causa de los desbordamientos del río Pinula, y los envió a la comuna de Santa Catarina Pinula, que a su vez afirma haber tratado, sin éxito, de convencer a los pobladores de que se trasladaran a otro lugar, lo que no ha sido probado por las autoridades edilicias.

Entre los temas comprobados se puede indicar que los vecinos llegaron a ese lugar a causa de la migración interna provocada por la mala situación económica, y que en realidad no tenían opción, por lo que se acostumbraron a convivir con señales como desbordamiento del río y derrumbes de pequeña magnitud pero aun así mortales. Un dato preocupante es que existen cálculos de que alrededor de ocho mil localidades están en peligro, por lo que es seguro que tragedias como esta se repetirán.

Es evidente que cuando los informes técnicos advierten peligros, los requisitos legales de desalojo deben ser cumplidos a la mayor brevedad posible y no deben ser las municipalidades las encargadas de hacerlos cumplir. Es necesario indicar también que parte de la culpabilidad la tiene la comuna capitalina, porque aún hay discusiones acerca de los límites de los dos municipios.

Las instituciones encargadas de efectuar los estudios relativos de cualquier manera al riesgo habitacional también deben compartir la responsabilidad de que no se conozca el contenido de estos, y también las empresas que venden terrenos en lugares inadecuados y las municipalidades deben ser corresponsables y sufrir consecuencias legales, como ocurre en los países donde no reina la impunidad y se aplican con especial rigor las leyes en los casos de corrupción, descuido, irresponsabilidad o una mezcla de los tres factores, que ahora son la causa fundamental de la muerte de quienes vivían en El Cambray 2.

Debe quedar claro que la solución para eliminar cualquier amenaza a la vida de los guatemaltecos a causa de la construcción de viviendas en lugares inadecuados requiere de planes de gobierno que se ejecuten durante varios años. Y se debe comenzar con declarar delito las autorizaciones para hacerlo, así como el otorgamiento de títulos de propiedad en estos lugares por políticos inescrupulosos.