Después de casi 22 años de la iniciativa huevo tibiona impulsada por De León Carpio para depurar el Congreso de la República —dada la ingobernabilidad que vivía el país luego del Serranazo—, hoy, más que nunca, cobra valor histórico la propuesta de Refundación del Estado, donde paralelamente a las transformaciones económicas y sociales, es urgente tumbar el sistema político (incluidas las elecciones), comenzando por la depuración total del Congreso de la República.

El Congreso es la consolidación excrementosa de las redes político mafiosas (tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, impunidad, acoso sexual y narcotráfico), cuyos diputados han transado en las elecciones de las cortes, han politizado las Comisiones de Postulación, son pajes instrumentalizados para le-gislar en función de los intereses de las oligarquías locales/globales, del crimen organizado y de su propia fraternidad como clase política rentista, han endeudado a futuras generaciones de ciudadanos (préstamos usureros y presupuestos desfinanciados) y son ilegítimos representantes del pueblo soberano al no aprobar leyes en función del bienestar común (la presión de los gringos, de la Cicig y de la ciudadanía organizada les vale madre) a los cuales al chilazo hay que depurar, pues son un obstáculo para gobernar ‘civilizadamente’ esta fincota amorfa.

Quizá no tengamos un consenso jurídico en torno a la depuración. Sin embargo, debemos comprender la evolución de los procesos sociales y políticos que están reclamando la construcción de un nuevo pacto social constitucional tendiente a hacer realidad la democracia y el desarrollo, y es acá donde los vericuetos legalistas deben supeditarse a la acción política y a la demanda popular.

En esencia, el derecho debe normar para las mayorías, donde la depuración no es un acto jurídico, es un proceso de legitimidad política que debe reivindicar la soberanía, devolverles el poder a los ciudadanos.

Ahora debemos reflexionar sobre las siguientes cuestiones: ¿Hasta dónde es realista depurar el Congreso cuando el OJ y la CC carecen de independencia, valentía, ética y compromiso democrático? ¿Habrá un rebaño salvable en el Congreso, ante los tentáculos expansivos de los Ciacs (incluyendo al Cacif)? ¿De no funcionar el proceso jurídico y político-institucional de depuración de la fauna congresil, acaso no la lucha social no tan pacífica es una vía para la transformación del sistema político? ¿Cuál es el plan B, C, D y E de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado ante el estancamiento de las leyes en el Congreso?

A manera de colofón, la depuración del Congreso no es negociable, donde el TSE debe convocar a una Consulta Popular para pedir la renuncia de los parlamentarios y de paso la de algunos magistrados de la CSJ, aunque esto resolvería solamente una parcela de la podredumbre, pues realmente la apuesta estratégica es convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para entrarle al tuétano a los flagelos estructurales del régimen político, pero se necesita un fuerte contrapeso de los sujetos/actores sociales, superando nimiedades y egolatrías políticas pretéritas.

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