La unidad de esos tres países con una Cicig cada uno mejora la posibilidad del intercambio de información sobre seguridad y justicia, que es la piedra fundamental de la posición estadounidense. No tendría sentido que una nación contara con esa oficina de la ONU, cuando en las otras se comparten características parecidas en cuanto a criminalidad e impunidad, impunidad y deficientes sistemas de justicia.

El juicio sobre la Cicig se basa en dos corrientes internas: una dice que no sirve de nada, la otra asegura que es el país el que no sirve de nada. Ambos criterios son básicamente guatemaltecos y no hay hasta este momento un juicio serio y objetivo en el campo internacional, que evalúe si realmente el experimento tuvo éxito.

Por otra parte, aún no está firme la posibilidad de que esa alianza sea realidad, porque depende de la voluntad de los senadores y congresistas republicanos, dispuestos a todo con tal de desprestigiar al presidente Barack Obama, aunque ello les cueste el abandono del voto latino favorable en las próximas elecciones.

Aun así, es necesario para el Ejecutivo estadounidense presentar pruebas de buena voluntad de los gobiernos del Triángulo Norte, que tienen imagen de corrupción e incapacidad. La aprobación de crear estas entidades similares a la implantada en Guatemala puede ayudar a que estos países centroamericanos logren salir de las desesperantes condiciones provocadas por la corrupción, de enorme efecto negativo en la confianza popular en el Estado y el Gobierno.

El experimento de la Cicig ha tenido fallas como consecuencia de la personalidad de los dos iniciales comisionados, uno de ellos poco serio, y el segundo, superado por la deteriorada realidad guatemalteca. Le quedó grande la camisa, por provenir de un país que es muy distinto en todas las escalas imaginables a Guatemala. En el caso de Iván Velásquez, el actual encargado de esa oficina de la ONU, ha tenido experiencia en casos similares de un país mucho más complicado que el nuestro.

Una ventaja de ese trío de Cicig sería que los gobiernos y los políticos, en general, asumieran el compromiso de un manejo transparente de los recursos, pero también debe haber intercambio de ideas acerca del pago de impuestos, ampliar la base tributaria, hacer eficiente y atractiva la recaudación y formar como contribuyentes a todos los ciudadanos, respetar los derechos humanos y crear una cultura de tributación basada en la transparencia y la probidad. Los estadounidenses tienen razón en ser reacios a que sus impuestos sean utilizados en lugares donde impera el desprecio por la ley.