Ha transcurrido poco más de un mes desde que se iniciaron las masivas protestas en contra del Gobierno de Venezuela, una crisis que ya se ha cobrado al menos 36 vidas, que se ve agudizada ante un catastrófico escenario económico y por crecientes presiones internacionales para el restablecimiento de la democracia y el cese inmediato a la violenta represión hacia los inconformes.

La crisis en Venezuela ha sido recurrente durante los últimos treinta años, pero las cosas se empezaron a complicar desde que el chavismo-madurismo empezó a manipular procesos, modificar leyes y asumir políticas represivas en contra de los opositores, entre estos líderes políticos, los más críticos ante una serie de abusos que hoy varios países condenan.

Dos eventos marcan los acontecimientos más recientes y han encendido las manifestaciones por su evidente arbitrariedad. La primera de ellas se registró el pasado 1 de abril, cuando el Tribunal Supremo de Justicia pretendió despojar al Parlamento, dominado por la oposición, de sus facultades, lo cual fue calificado como un golpe de Estado. El segundo hecho ocurrió el miércoles último, cuando Maduro anunció que convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente.

Esta es una maniobra vista como una medida desesperada para interferir en los próximos comicios para alcaldes, gobernadores y las presidenciales programadas para 2018, que preludian el final de un régimen.

Nadie cree que las últimas medidas tengan la más mínima intención de buscar la reconciliación entre venezolanos, menos cuando el proyecto madurista pretende la integración de una asamblea eludiendo el voto directo y asignándole esa tarea a una elección por sectores, lo que acrecienta la incertidumbre.

La precariedad del chavismo-madurismo también se ha acentuado ante una incontrolable inflación del 720 por ciento, un rechazo generalizado al Gobierno que se estima en un 70 por ciento y ante la peor carestía de productos esenciales que también ha sido la causa de otros hechos de violencia.

La situación en Venezuela es insostenible y por eso se multiplican las voces de repudio y exigencia para buscar una salida a la crisis, que podría desembocar en un mayor drama, ante una oposición enardecida y un régimen cada vez más represivo ante crecientes reclamos de la comunidad internacional. Ayer, quince congresistas estadounidenses, de ambos partidos, le pidieron al presidente Donald Trump que acuda al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para frenar “el deterioro de la situación humanitaria”, y demandan también imponer sanciones a los violadores de los derechos humanos.

Hoy Maduro está acorralado y el endurecimiento de sus acciones represivas para aplacar las protestas solo aumentará la preocupación de más países. Ayer ocho naciones latinoamericanas, entre ellas Guatemala, se pronunciaron mediante un comunicado en el cual condenan el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades venezolanas y el inminente riesgo para la democracia de una polarización que podría tener un alto costo en vidas humanas, lo cual podría ocurrir si la cúpula gobernante no entiende el fracaso de su modelo.