La bochornosa propuesta del diputado Napoleón Rojas, de la Unión del Cambio Nacional, para criminalizar la protesta y, de paso, limitar la libre emisión del pensamiento es la más reciente maniobra para intentar acallar a quienes desde diversos medios de comunicación muestran posturas críticas o informes periodísticos que evidencian la alta corrupción imperante en el sector público.

En nombre de una supuesta lucha contra el terrorismo, un término que tiene interpretaciones antojadizas y peligrosas para todos los sectores, se le ha dado dictamen favorable a un engendro que pretende endulzar el oído de los sectores más recalcitrantes, pero en el fondo se une a otros esfuerzos recientes que también buscan el mismo objetivo: amedrentar a los periodistas y a los medios de comunicación independientes y a la libre expresión en general.

El pasado lunes, directivos de varios medios de comunicación lanzaron la voz de alerta sobre hechos que atentan contra el libre ejercicio del periodismo y denunciaron intentos por descalificar a comunicadores o vincularlos con dinero espurio o de extremismos ideológicos.

Esos ataques se dan desde redes sociales, netcenter y testaferros de un movimiento que solo tiene el propósito de contrarrestar las denuncias contra el abuso de poder. Se ha llegado a extremos de hackear páginas electrónicas, usurpar cuentas de redes sociales y hasta hostigar a familiares de periodistas que están entre los más críticos de un modelo insostenible.

De hecho, en los ataques se ha llegado a calificar precisamente de terroristas a activistas de derechos humanos, lo cual encaja con la nueva propuesta legislativa, pero estas son nuevas pinceladas de un tenebroso cuadro que conlleva serias amenazas para todos los guatemaltecos y aun para el fortalecimiento de la democracia, que sufrirá un grave retroceso si esos excesos no son frenados con el rigor de la ley, porque en sí mismos también llevan la intención de aterrorizar a los críticos.

No sería extraño, como ocurrió en el anterior proceso electoral, que el acoso desde otras plataformas digitales provenga de sectores ligados a políticos desterrados o prófugos del escenario político, ante su imposibilidad de llegar al poder por los votos, pero también de sectores oscuros vinculados con estructuras ilegales, que ven en la lucha contra la corrupción una seria amenaza a parcelas de poder.

Resulta infortunado que quienes hacen uso de las redes sociales no utilicen esos medios para sumarse al debate y exponer sus convicciones, y en vez de eso asuman posturas extremistas que constituyen un nuevo obstáculo para la frágil institucionalidad nacional, al arriesgar los mínimos avances en materia de libertad de expresión.

Las autoridades deben asumir con seriedad estas nuevas denuncias, porque resulta obvio que no se trata de esfuerzos personales ni de ejercer un derecho, porque es evidente que esos mezquinos esfuerzos están además financiados por un oscuro extremismo, el cual también debe ser investigado, para que Guatemala deje de ser citada en los foros internacionales como un país en el cual no se respeta la libertad de prensa, como también lo expusieron el pasado martes varios diplomáticos en Ginebra.