Guatemalita hoy más que nunca se encuentra en una encrucijada democrática, caracterizada por un debilitamiento profundo de sus instituciones, por una deslegitimación de la clase gobernante y por la permanente transgresión al estado de Derecho.

En el ámbito político existe un fuerte rechazo a la atomizada partidocracia (llamado al voto nulo o al abstencionismo electoral), un cuestionamiento sobre la refuncionalización de un sistema mercantilizado, violento, corrupto, demagógico y gatopardista; sobre la captura de los cargos de elección popular por el gran capital privado y el narcotráfico, y sobre el nuevo asalto al poder de posguerra por políticos-empresarios y militares-empresarios (ambos especímenes a costas del erario nacional). Aunado a la desaprobación del aparato público (funcionarios, entidades, legislaciones y políticas públicas) por su carácter privatista (GpR), por su servilismo a las élites y por su inercial naturaleza apagafuegos.

En el ámbito económico, hay un cuestionamiento de fondo al vigente modelo de desarrollo económico (sistema finca ampliado) con rasgos concentradores, oligopólicos, racistas, amorales y tendiente a ampliar las brechas de la desigualdad social y de la exclusión política. Además, un descontento hacia la clase empresarial por su doble moral (defraudadores/contrabandistas vs. férreos defensores de la cultura de legalidad), por su poca convicción democrática y fe en lo público (actuando como poder fáctico sistemáticamente) y por su arrogancia hegemónica vía la industria extractiva (violentando territorios y afectando comunidades).

En el ámbito social, este tsunami político, provocado en buena medida por los excesos autoritarios, opacos y descarados en el ejercicio del poder político/público de Otto Pérez y de Roxana Baldetti, ha provocado un despertar ciudadano sin precedentes en la contemporaneidad, con manifestaciones heterogéneas de participación a las cuales debemos darles forma y dirección política (sujetos individuales abanderando el proceso más allá de las tradicionales organizaciones de la sociedad civil) que oxigenan el activismo de calle, ese mismo que ha reactivado su conciencia ciudadana y que debe comprender que las demandas estructurales trascienden a los tórtolos de Casa Presidencial.

Empero, la crisis política actual se convierte en un paradigma revolucionario de cambio social (evitando que pronto baje la espuma), en una ventana de oportunidad para los sujetos colectivos, para retejer alianzas estratégicas con liderazgos emergentes y alternativos que deben empoderarse para construir un vivero ciudadano inclusivo y democrático para la reforma/refundación del Estado, donde la punta del iceberg es la reforma político-electoral, pero donde siguen la propiedad, uso y tenencia de la tierra, la plurinacionalidad del Estado, la reforma fiscal/tributaria, la conservación del medioambiente, entre otras; desde la pacífica protesta social de contrapoder y desde la consistente propuesta técnica y política, ya que son procesos interconectados para lograr transformaciones (graduales y radicales) en el sistema en el mediano y largo plazo.

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