En otros  países existe la burocracia profesional, es decir, aquella que sirve al aparato estatal independientemente de quién se encuentre en el mando como consecuencia de las elecciones, que responden a los giros de opinión del electorado. Se cambian las cabezas dirigentes, pero el aparato gubernativo queda sin demasiadas alteraciones. Debido a ello es posible que se puedan continuar y realizar algunos proyectos e ideas de Estado puedan continuar y hacerse realidad, sobre todo en lo referente a obras públicas y a planes determinados de beneficio social.  

Ciertamente existen cambios, algunas veces radicales. Pero la misión de llevarlos a cabo está en las manos de personas que han decidido trabajar como servidores públicos. Un ejemplo fácil de entender lo constituyen los planes de estudio, que no sufren alteraciones súbitas porque es la mejor manera de asegurarse el atraso y la desorganización,  y el caos en materia educativa.

En Guatemala no existe burocracia profesional. Cada cuatro años,  puestos de todo nivel son repartidos entre correligionarios y colaboradores o financistas de campaña, y por tanto se trata de personas sin experiencia y muchas veces sin capacidad ni el conocimiento que es necesario para llevar a cabo el trabajo.

Lo ocurrido en el seno del Tribunal Supremo Electoral es un claro ejemplo de lo señalado en este artículo. Sus magistrados llegaron hace pocas semanas a los cargos, luego de una escogencia no exenta de críticas y de señalamientos sobre su presunta falta de independencia. Se ganaron el apoyo popular al poner en orden a los partidos políticos con su propaganda anticipada, en especial al grupo político patriotista. Pero ahora la institución se encuentra en la picota y en el rechazo de gruesos sectores de la  población porque sus integrantes tomaron la increíblemente torpe decisión de subirse los salarios.

 La situación del país no está para aumentos de sueldos de burócratas de altos vuelos ni para revisar acuerdos con sindicatos burocráticos que por los pactos colectivos  obligan a gastar en canastas navideñas, por mencionar otro tipo de hechos impopulares e imposibles de explicar en tiempos de crisis. Desde la semana pasada se mencionó en corrillos políticos que los magistrados anunciarían, posiblemente hoy, su decisión de dar marcha atrás, como están obligados. Lo que el TSE se ha visto obligado a realizar debe convertirse en un ejemplo de qué no debe hacerse en tiempos de crisis económica.