Al tomar la decisión, ayer, de darle trámite a un proceso de antejuicio contra tres magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó la desconfianza que puede despertar a causa de fallos que solo pueden explicarse como un castigo creado por personajes afectados a causa de decisiones anteriores de quienes ahora están a merced de lo que decida el Congreso de la República, dominado por la coalición entre los partidos Patriota (PP) y Líder.

Esos magistrados son María Eugenia Mijangos Martínez, Julio René Solórzano y Mario Ismael Aguilar Elizardi, cuyas decisiones causaron disgusto a ambos partidos. Precisamente el acto que dio origen a esa sanción también permitió hacer públicas las diferencias entre la secretaria general de PP,    quien debía dejar ese cargo, y el precandidato Alejandro Sinibaldi, a quien le correspondía. Por negociaciones internas, este último cedió el puesto a Valentín Gramajo.

Otra decisión fue multar a Manuel Baldizón por su descarada campaña anticipada, lo que provocó que ahora utilice diversas fundaciones, y no su partido, Libertad Democrática Renovada (Líder) para seguir desafiando al TSE. La tercera, una sanción ejemplar al PP, por haber repartido bolsas de alimentos con fotos impresas de los candidatos oficialistas. La cuarta, impedir que se permitiera cambiar el lugar de residencia de un municipio a otro, con el objetivo de evitar para las siguientes elecciones el traslado de personas.

Se debe recordar que hubo un intento de desaforar a los citados magistrados en el pleno del Congreso, pero tanto el PP como Líder se dieron cuenta de quedaría de manifiesto que solo ellos votarían por la propuesta, porque los demás bloques iban a abandonar el hemiciclo. Debieron entonces dirigirse a la CSJ, que aceptó el antejuicio, para sorpresa generalizada.

Los trámites respectivos fueron efectuados por la “Asociación de Juristas por la Nación” y la “Fundación Identidad”, vinculadas directamente con el partido que comanda el aspirante presidencial Baldizón. A todo esto se suma el nacimiento de la Fundación contra el Terrorismo Mediático, de abierta inconstitucionalidad, y los atrasos en la asignación de los fondos que el TSE necesita para poder realizar sus actividades. Hay, entonces, una evidente conspiración para doblegar al alto órgano electoral recientemente integrado, cuya independencia ha generado el explicable y justificado apoyo de la población.

La CSJ se encuentra ahora en una encrucijada: o da marcha atrás a medidas que ocasionan el rechazo general, ya que solo afianzan el desprestigio interno y externo del sistema político nacional, o se decide a que la desconfianza crezca, como está ocurriendo con viarias instituciones.

Ha quedado abierto, por lo tanto, el negro pozo de la duda acerca de afianzar el retorcimiento de las leyes. Los magistrados del TSE, lejos de ser sometidos a antejuicios, deben ser motivo de felicitación porque actúan con el convencimiento de la independencia que debe prevalecer en ese órgano, lo cual es una condición fundamental para que los resultados electorales reflejen la voluntad popular.