Tienen gran valor las marchas realizadas ayer por periodistas en Quetzaltenango, Alta Verapaz, y al frente del Ministerio de Gobernación, en protesta contra el asesinato de los periodistas Danilo López y Federico Salazar. El antecedente a esta manifestación es lo que ocurrió en 1992, cuando hombres y mujeres de prensa, con representantes de otros sectores, salieron a las calles para rechazar la censura que había instaurado el aprendiz de dictador Jorge Serrano, cuyas acciones ilegales eran canalizadas sobre todo por la oficina de Relaciones Públicas de la Presidencia.

Quienes ejercen el periodismo se encuentran frente a frente con la realidad del país, porque parte de su trabajo es reportar la violencia, el crimen y también las resoluciones inexplicables de un sistema de justicia inoperante. Igual ocurre con el tema de la corrupción rampante sufrida en todos lados y provocada por funcionarios y ciudadanos inmorales, unidos en un frenesí de adquisiciones innecesarias, de mala calidad, sobrevaluadas, robo de fondos y de bienes, nepotismo, etc.

Por esa causa los funcionarios públicos de cualquier nivel, incluyendo al Organismo Ejecutivo, se irritan al extremo cuando son protagonistas de artículos de investigación periodística que ponen al descubierto acciones inmorales e ilegales en distintas instancias del Estado.

La pregunta que se debe hacer la sociedad guatemalteca es: ¿hasta qué punto será tolerada la acción impune de los criminales? Cuando en países como España, México o Chile han ocurrido actos terroristas, los ciudadanos responden con manifestaciones multitudinarias. Francia y otros países fueron escenario recientemente de acciones populares similares, con motivo del ataque a la revista Charlie Hebdo. También debe mencionarse que en esas naciones los autores intelectuales saben que sus acciones son repudiadas, y la población ayuda a las autoridades proporcionándoles información.

El aumento en Guatemala de los crímenes cometidos por motoristas sicarios indica que determinados grupos sociales encuentran demasiado fácil contratar a asesinos cuando algo no les gusta. Los corruptos, en algunos casos —cuyo número puede aumentar—, han decidido matar al mensajero de malas noticias para ellos, que por eso mismo son buenas para los ciudadanos. Es un hecho, entonces, que esa facilidad que ciertas personas encuentran para eliminar a alguien aumenta el peligro para el ejercicio del periodismo, y esto se agrava en la provincia.

Sin duda, el modo de ser del guatemalteco influye en esa ausencia de manifestaciones de protesta contra el asesinato de miembros de algún gremio o grupo social. El periodista es la voz del ciudadano, de la denuncia, ya sea sobre casos de corrupción o de hechos que transgredan la norma o se constituyan en cualquier tipo de abuso de poder. Esto constituye una vulnerabilidad de toda ciudadana, y especialmente de los periodistas, que son quienes reciben muchas de esas denuncias. Para ayudar a cambiar ese panorama funesto se necesita, en la práctica, una gran dosis de valentía ciudadana, antes de que la situación se degrade todavía más.