Hace una semana el presidente Jimmy Morales informó que no iba a pedir la renovación del mandato de la Cicig. De allí para acá ha sido una montaña rusa de declaraciones, reclamos, acciones, campañas a favor, en contra, campañas de desinformación y toda una avalancha de dimes y diretes en las redes sociales. ¿En qué va a terminar todo este embrollo? Cualquier cosa puede pasar, pero creo necesario entender algo del trasfondo.

Primero, mi posición. Desde que se propuso la Cicig, me opuse a su creación argumentando que mi oposición se debía a que, por definición, estaría por encima de la ley y eso no solo no contribuía al Estado de Derecho sino que, además, se prestaba para abusos de poder. Hasta la fecha sostengo ese argumento. En cuanto a lo que ha hecho la Cicig, creo que algunas acciones han sido buenas, pero otras han sido malas, y estas últimas han sido consecuencia de lo que argumenté con anterioridad.

Desde hace más de 25 años que me dedico a la labor periodística he manifestado mi oposición a la corrupción, pero desde el principio he estado claro en que para reducirla hay que erradicar la raíz de la misma, y la raíz es el poder discrecional que tienen los funcionarios para decidir sobre la vida y los bienes de las personas. Todo lo demás son simples consecuencias.

Regresando a los sucesos de esta semana. Considero que Jimmy Morales podía tomar la decisión de no renovar el acuerdo de la Cicig. Ya en una ocasión solicitó la renovación del mandato, por lo que, si ahora se cuestiona su legitimidad para tomar esta decisión, lo mismo se podría cuestionar de cuando lo hizo para renovarla —él y todos los anteriores—, así que ese argumento se cae por su propio peso. El otro argumento que se podría utilizar es que la renovación debiera ser ratificada por el Congreso —cosa que yo argumenté desde la segunda renovación— pero no se ha hecho así, por lo que si ahora se argumenta esto, lo que haría es invalidar las renovaciones y la Cicig ya estaría muerta legalmente desde hace varios años.

Ahora bien, considero que la forma de hacerlo no fue la correcta y que no se necesitaba el despliegue de “fuerzas” para hacer ese anuncio. Considero también que fue un error del presidente impedir el regreso de Iván Velásquez: no era necesario.

Por otro lado, considero importante entender el apoyo que ha recibido la administración de Morales del gobierno de Estados Unidos. Y veo dos razones que pueden estar detrás: La primera es que no están contentos porque la Cicig no ha investigado ni perseguido a los narcotraficantes que han financiado campañas. La misma Cicig argumentó que el 50 por ciento del financiamiento electoral ilícito proviene del narcotráfico, 25 por ciento de la corrupción y el otro 25 por ciento de personas y empresas privadas. Sin embargo, se ha limitado a perseguir a las empresas y no al narcotráfico, cuya incidencia es mucho mayor. Como resultado, para las próximas elecciones casi ninguna persona o empresa aportará dinero para las campañas, lo que implica que la mayoría del dinero que llegará provendrá del narcotráfico. Adrede o no, la Cicig se ha convertido en el principal impulsor de la narcopolítica.

Y la segunda es que el gobierno de Estados Unidos ya armó su propia “Cicig” en la nueva Fiscalía contra Delitos Transnacionales en el Ministerio Público. En esta trabajarán agencias estadounidenses como el FBI, la DEA y la ICE, para realizar las investigaciones que les interesan, especialmente la trata de personas —donde pueden colarse terroristas— y el narcotráfico, lo que conlleva también a muchos corruptos.

¿Qué va a suceder en los próximos días? Es una moneda al aire.