Han transcurrido tres años desde que comenzó el desmoronamiento de la gestión del Partido Patriota, cuando Roxana Baldetti presentó su renuncia como vicepresidenta, pero también del inicio de la debacle de uno de los gobiernos más corruptos en la historia nacional, un antecedente que a pesar de su gravedad y las numerosas evidencias todavía no parece ser un poderoso disuasivo para bolsones de poder.

Entre las más lamentables paradojas está que quien había sido elegido por un alto número de guatemaltecos para superar esa etapa y facilitar las condiciones para desmantelar las estructuras mafiosas en el Estado muy rápidamente fue a su vez denunciado, y pese a que se tramitaron antejuicios en su contra, estos no prosperaron y más bien fortalecieron alianzas entre el Ejecutivo y una de las legislaturas más desprestigiadas.

Hoy, la clase política guatemalteca se encuentra, con razón, entre las más vilipendiadas del continente, y pese a estar todavía fresca la imagen de la rapiña en el gobierno patriotista, la mayoría de sus integrantes no solo se resisten a corregir esos malos precedentes, sino muchos de quienes tienen el poder tratan de manipular leyes a su favor, con el único objetivo de evitar que los alcance la justicia.

En esos enormes pasos que se dieron al combate de la criminalidad, el Ministerio Público, de la mano de la Cicig, han sido las cartas más efectivas para combatir de manera frontal la corrupción en los tres poderes del Estado, aunque esa batalla también ha dejado profundas cicatrices en varios sectores y en otros ha acentuado viejas rivalidades.

Uno de los episodios más lamentables es que en lugar de respaldar la depuración del sistema, algunos financistas políticos y distorsionadores de la opinión pública han buscado afanosamente desbaratar esos esfuerzos y otros llegaron más lejos al contratar a lobistas en Estados Unidos o buscar influir a su vez en políticos de ese país, quienes, quizá por ingenuidad, desconocimiento o un insospechado interés, pretenden interferir y se colocan, de hecho, al lado de quienes favorecen la impunidad.

Uno de ellos es el senador republicano Marcos Rubio, representante por Florida, quien ha tenido no solo un discutible papel como político, sino que ahora pretende erigirse como defensor de la justicia, sin tener la suficiente información balanceada para sustentar su posición y ha pretendido congelar fondos estadounidenses para la Cicig.

Esto ha provocado la lógica reacción de representantes de su propio partido y también de los demócratas, quienes han rechazado cualquier esfuerzo que pretenda debilitar a la Cicig y al MP, al considerar que pueden abrirse de nuevo las puertas a la corrupción y a la infiltración criminal en el Estado, como facilitar el paso de indocumentados, si se debilita a quienes han demostrado efectividad en el combate de las mafias.

Quienes pretenden involucrar a despistados políticos foráneos en el debilitamiento de la lucha contra la corrupción no presentan el cuadro completo de lo que ocurre en Guatemala y debería ser suficiente saber que los últimos presidentes del país han sido señalados por actos de corrupción, por lo que es muy probable que sin proponérselo estén destapando la Caja de Pandora.