LAS ELECCIONES SE ACERCAN lenta y fatalmente. Al día siguiente de los próximos 41 días, si no hay más inesperados cambios, los guatemaltecos sabremos quiénes de los aspirantes pasaron a la segunda vuelta por haber ocupado los primeros dos lugares. Hace un año, Edmond Mulet, al señalar la situación de Haití, dijo: “Está como estará Guatemala en pocos años”. En el campo político, fueron solo doce meses, y la comparación es válida porque la dura realidad retrata una situación causante de desasosiego, incredulidad, inseguridad jurídico-política y ahora ya comenzando a incluir el campo económico por la falta de suficiente recaudación de impuestos, las incipientes fugas de capital y aislamiento financiero nacional hoy poco notorio.

ANTE ESA REALIDAD, la victoria electoral le significa a quien la obtenga gobernar con todo en contra, pero con la nueva realidad del ya oficialmente declarado, ante el mundo, descrédito total de las principales entidades del Estado. Los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial se encuentran en una franca competencia por ser los más desprestigiados. Esto se debe en buena parte a las investigaciones del mismo Ministerio Público y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, representante de un mundo perplejo por el casi increíble nivel de corrupción alcanzado en el país. El rechazo abierto y evidente a este flagelo constituye hasta el momento el principal fruto del trabajo de las dos instituciones antes indicadas.

LA PRINCIPAL DIFERENCIA entre estas elecciones y las realizadas desde 1984 es la desconfianza, la suspicacia, la duda ciudadanas. Eso se reflejará en una baja en la participación popular, sobre todo en la primera vuelta. La causa mayor de esa ausencia es la decisión de dejar sin cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, lo cual es el resultado de la falta de una visión panorámica no solo de la actual situación del país, sino de las razones de grandes grupos ciudadanos, y de los seguros efectos antidemocráticos de aferrarse a la aplicación de leyes constantemente abusadas y causantes, por ello, de la situación actual. Resulta ingenuo pensar en un cambio emanado de los mismos políticos actuales, beneficiarios del pillaje contra Guatemala.

EL TSE YA NO ES, Y DE HECHO nunca lo había sido, “supremo”, cuyo significado en el Diccionario de la Lengua Española es “sumo, altísimo, que en su línea no tiene superior” (que está más alta y en lugar preferente respecto a otra). Sus decisiones son apelables primero ante la Corte Suprema de Justicia y luego ante la de Constitucionalidad, también envuelta en controversias por sus fallos, sobre todo recientes. El TSE no permitió la participación de Alfonso Portillo, pero sí la de Zury Ríos. De seguro aceptará la participación de Édgar Barquín, de Sandra Torres y de una veintena de aspirantes a reelegirse diputados y alcaldes. Es una predicción facilísima para cualquiera. Si el TSE se decide, los binomios liderista y uneísta simplemente no podrían participar, y entonces el panorama electoral daría vuelta de campana.

ANTE ESTA REALIDAD, TRISTE y decepcionante, pero resultado de la actitud generalizada de desapego a la actividad política, para rescatarla de los delincuentes, se afianza la preocupación por las circunstancias de todo tipo a las cuales deberá enfrentarse el próximo gobierno. En ese sentido la victoria es un castigo, porque no actuar a favor de la mínima decencia política, ahora perdida, alfombrará el camino a la ingobernabilidad, ya fácil de ver en el horizonte. La legitimidad de un gobierno tiene una de sus bases en el legítimo accionar de sus principales figuras. No se trata de buscar ángeles, sino de evitar demonios oficiales y declarados porque los guatemaltecos, dicho en otras palabras, ya están cansados, hastiados, del nivel de la inmoralidad.