Solo el descaro de una camarilla de políticos inescrupulosos pudo lograr que despertara de nuevo la indignación ciudadana y, con una fuerza renovada, una enérgica reacción cívica que llevó al Congreso a dar marcha atrás en la aprobación de dos burdos decretos, claramente perjudiciales para el sistema de justicia. Reparar el terrible daño infligido a la confianza pública no será una tarea fácil ni inmediata.

La primera y más clara ruta para enmendar ese abuso de poder debería ser la depuración de quienes con su firma avalaron modificaciones ilícitas al Código Penal, porque buscaban beneficiarse, lo cual a la vez ayudaba a miles de delincuentes. La renuncia voluntaria sería lo más prudente y hasta cierto punto digno. A quienes argumenten que tal acción significaría un descalabro institucional, debe recordárseles que mucho peor es la permanencia de quienes legislan en su beneficio y que claramente han sido desconocidos por distritos a los cuales representan.

También puede tranquilizar el hecho de que la salida de un grupo de diputados tampoco es motivo de preocupación, pues existen procedimientos establecidos para cualquier relevo, sin menoscabo de la institucionalidad y, en todo caso, lo ocurrido debe constituir un claro y ejemplar precedente para quienes queden encargados de emprender la urgente ruta de cambio exigida por un mayoritario porcentaje ciudadano.

Es inaceptable que ahora salga el presidente del Congreso a pedir una supuesta mesa de acompañamiento, a fin de que los diputados inicien una nueva reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, porque ya tuvieron la oportunidad de hacerlo y buscaban incluso maniatar a otras instituciones, como el Tribunal Supremo Electoral, sin corregir las enormes imperfecciones del sistema actual.

Los diputados se han ganado a pulso el desprestigio y la desconfianza ciudadana como para que ahora vuelvan a tener papel protagónico en una serie de reformas, que bien podrían ser aprovechadas para terminar de convertir al Estado en un botín al servicio de unos cuantos caciques, entre ellas conocidas y nefastas figuras de la vieja política que han demostrado su carencia total de valores y a quienes se han unido nuevos malandrines.

Desde una óptica global, las más altas autoridades del país han hecho un enorme aporte para generar total desconfianza sobre sus intenciones. En esta vía no solo le han fallado a la ciudadanía, sino también a socios estratégicos y comerciales, dado que la lucha anticorrupción no es solo un asunto interno, sino constituye un tema de alcances geopolíticos, dadas las amenazas del narcotráfico, el terrorismo y la enorme porosidad de los controles internos, y también por la misma corrupción.

El deterioro de la situación que vive hoy el país ha llevado muchos años de tolerancia y de apartar los ojos a una serie de abusos de la clase política, lo cual ya no puede continuar. Cualquier perorata que enarbole términos como soberanía, nacionalismo o supuesta injerencia para debilitar la lucha anticorrupción debe ser inmediatamente identificada como un argumento falaz que debajo de esa máscara circense solo busca la preservación de un sistema opaco, obsoleto, del cual han medrado políticos y grupos inescrupulosos.