La Asociación de Jueces y Magistrados se convirtió en un ente ajeno a la realidad económica del país, al exigir primero y luego obtener un bono navideño adicional al aguinaldo, denominado “de riesgo”, autorizado por las actuales autoridades de la Corte Suprema de Justicia —que están incluidas—, encabezadas por su presidenta, Silvia Patricia Valdés Quezada, y cuyo monto total alcanza casi 42 millones de quetzales.

El año pasado, la entonces Corte de Constitucionalidad, que presidía la magistrada Gloria Porras, también se recetó un premio en efectivo, denominado “bono revolucionario”, de Q3.2 millones de gasto total, para los 288 integrantes de la institución, quienes lo recibieron, con la excepción del entonces magistrado Roberto Molina Barreto.

Cada fin de año, cuando se inicia el bullicio prenavideño, también llegan muchas demandas de recursos, y como si fueran diferentes dependencias, se envían documentos a las más altas autoridades con el objetivo de lograr un ingreso extra, lo que ocurrió en la Corte Suprema. Ha sido una práctica común durante los últimos años, y más cuando algunas entidades no ejecutan sus recursos. Entonces empiezan transferencias financieras para quienes supuestamente más lo necesitan, pero ocurre también cuando alguien tiene claridad sobre esos remanentes financieros a los que buscan dar otro uso.

Lamentablemente, en esa búsqueda de recursos confluyen numerosos empleados públicos, quienes, tras determinar la existencia de fondos financieros no ejecutados, hacen cuentas alegres y rápidamente articulan propuestas para darles un uso más personal a recursos que igualmente podrían tener un destino de mayor beneficio para el país si fueran buenos administradores.

Vale la pena reiterar que hace poco más de un año la célebre presidenta de la Corte de Constitucionalidad de entonces decidió el bono mencionado con la explicación de que se había logrado un ahorro de recursos. Esta causa ha sido aprovechada en algunas otras dependencias en las que, realmente o no, existen ahorros en su presupuesto.

Ese es el criterio utilizado por los jueces y magistrados del Organismo Judicial, presididos por Mario Taracena, persona distinta al diputado y presidente del Congreso de la República que terminará su período en enero próximo. El solicitante señaló que, debido a esos ahorros, deben recibir un bono de Q6 mil, con el argumento de enfrentar riesgos en sus labores. Agrega que es acto de justicia, porque lo recibió el personal del Ministerio Público y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde se repartieron bonificaciones entre Q6 mil y Q8 mil, erogaciones que se justifican porque existen recursos financieros no ejecutados y este reparto busca que dicho dinero no vaya al fondo común.

Al coincidir ese bono con el período navideño, emerge la intención verdadera del asunto y se evidencia que dichos fondos no serán utilizados para seguridad, hecho que debería preocupar a las autoridades del Poder Judicial. La triste conclusión es que en Guatemala sigue prevaleciendo una mentalidad basada en el oportunismo, donde debería predominar una visión integral de los problemas y sus prioridades antes de decidir dádivas con recursos públicos.