Finalmente empieza a evidenciarse una resignada aceptación de lo que ha sido el mayor fracaso en la recaudación tributaria de los últimos años. Primero, porque recién se acaba de conocer que la brecha fiscal fácilmente puede estar en torno a los tres mil millones de quetzales, cifra que, además de ser enorme, al ser sumada a los déficits de años anteriores pasa a conformar el inmenso agujero presupuestario que no ha parado de crecer en los últimos tres lustros.

Las causas de esta situación no son nuevas y de hecho constituyen un problema crónico de los gobiernos irresponsables que en lugar de optimizar recursos, priorizar proyectos, combatir la corrupción y darle un recto uso a la cooperación internacional, se han empecinado en hacer crecer la burocracia, en contratar gente para pagar deuda política y en dejar crecer los elefantes blancos de la obra inconclusa, defectuosa o nunca realizada, todo ello pagado mediante créditos.

En la coyuntura actual, el primer gran error fue aprobar un presupuesto desfinanciado, que en año electoral estaba regido por demasiados intereses políticos y clientelares, como se aprecia en la asignación de obras. Este es un rubro vergonzoso que para nada toma en cuenta las grandes necesidades de la población, sino de los caciques y candidatos ligados al oficialismo o a otros partidos que se plegaron en un contubernio abusivo para aprobar dicha proyección de gastos sostenida en impuestos inexistentes o ingresos improbables.

Los presupuestos nacionales han pasado de ser una herramienta de administración y planificación de Estado a convertirse en una burda agenda de atención clientelar. Por ello hay rubros ambiguos que nunca son ajustados o eliminados, pues en ellos se concentra el mayor pago de favores a diputados, alcaldes y otros funcionarios, que manejan las asignaciones como una caja chica dispendiosa a la cual echan mano para dádivas que terminan yendo a correligionarios y no a quienes más las necesitan.

Hasta ahora las principales autoridades del Ejecutivo han insistido en echarle la culpa de ese desajuste a la falta de pago de impuestos y, principalmente, a lo que se dejó de recibir por el tropezón que tuvo el tributo a la telefonía. Lo cierto es que tales ingresos nunca existieron, sino que solo se supusieron sin una mínima reflexión sobre posibles impugnaciones, que en efecto ocurrieron.

Pero como pesaba más la obsesión por imponer una aplanadora legislativa, en la cual los principales cómplices fueron el partido oficial y su supuesto opositor, el decreto de ingresos y egresos quedó con insalvables y preocupantes lagunas financieras.

Por si fuera poco, el destape de estructuras como La Línea, que desfalcaban a manos llenas el sistema de aduanas, explica los faltantes excesivos de meses y años anteriores. Absurdamente, lejos de entrar en una etapa de austeridad, el Ejecutivo continúa cediendo recursos a áreas anodinas, como la Secretaría de Comunicación, que hace una semana recibió una transferencia de Q22 millones: todo un desperdicio si se compara con las enormes carencias en salud y educación.