El primer síntoma de la anomia democrática por la que atraviesa Guatemala es el enorme despliegue de fuerzas de seguridad efectuado ayer, con motivo del penúltimo informe de gobierno del presidente Jimmy Morales. Es una exageración cerrar dos cuadras a la redonda en torno al Congreso para evitar así el acercamiento de un grupo de manifestantes.

La acción demostró el escaso margen de movimiento o de confianza con el que debe moverse el presidente, ante el riesgo de que los manifestantes se acerquen. Las condiciones son distintas cuando una administración marcha medianamente bien y no es necesario un derroche de seguridad en el que se busca limitar el espacio para cualquier expresión de descontento contra un régimen, como lo hicieron ayer las autoridades.

El discurso del mandatario no llegó a los niveles de confrontación de los últimos meses, al no hacer alusión alguna a su rivalidad personal con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. En cambio, insistió en un nuevo “colonialismo” impuesto por el actual orden mundial, lo cual solo puede aludir a la diplomacia estadounidense o la presión de los países cooperantes.

Igualmente, siguen siendo vanas sus alusiones a la defensa de la Constitución cuando este gobierno ha sido uno de los más irrespetuosos no solo de la Carta Magna, sino de tratados internacionales, como el que permitió el funcionamiento de la Cicig. También está el uso abusivo de vehículos militares donados por Estados Unidos, sobre lo cual todavía hay cuentas pendientes.

Otra falta de respeto a las instituciones ocurrió hace seis días, cuando la Dirección General de Aeronáutica Civil expulsó de las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora a una unidad de la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero y Otros Ilícitos impulsada por Estados Unidos, bajo la coordinación de la DEA. Esto ocurrió luego de la visita de los ministros de Gobernación y de la Defensa, en una supuesta inspección de seguridad, sobre lo cual se dio marcha atrás.

En contraste con el discurso del mandatario, el bisoño presidente del Congreso afirmó en su intervención que “la injerencia extranjera abusiva ha comenzado a terminar” y en referencia a la Cicig dijo que era un “experimento fallido y que los guatemaltecos nunca más permitamos que otros decidan por nosotros”. Son palabras desafortunadas cuando él como presidente del Congreso no ha hecho nada por fiscalizar o legislar en favor del bien común, sino que se ha plegado a quienes están dedicados a implementar leyes en beneficio de la impunidad.

Las últimas acciones gubernamentales y los discursos sobre una soberanía a merced de las mafias solo confirman la necesidad de entes como la Cicig, y por eso se deben tener presentes las palabras expresadas el año anterior por el secretario de Estado Mike Pompeo, quien anunció una comisión reformada.

Al final, el discurso de Morales volvió a generar demasiadas reacciones de escepticismo en diferentes sectores y entre expertos, porque los datos señalados fueron puestos en duda, pero quizá otra de sus frases refleje el paroxismo gubernamental: “No rompamos leyes; el que rompa las leyes, tendrá que verse frente a la justicia”.