La nueva mentira en la que han sido descubiertos el Gobierno y las autoridades de seguridad, en torno al uso de vehículos militares donados por Estados Unidos para patrullar fronteras y combatir el narcotráfico, es muy grave. Funcionarios de menor rango habrían mentido bajo juramento cuando intentaron presentar esos desplazamientos como tareas normales de seguridad.

No solo habrían incurrido en perjurio, sino que uno de los detalles más preocupantes es desentrañar en manos de quién está la seguridad interna y nacional. Hasta ahora, las órdenes para traer a la capital esos vehículos apuntan a empleados menores, como un quinto viceministro y un asesor militar, aunque tanto el ministro de Gobernación, Enrique Dehenhart, como el presidente Jimmy Morales intentaron justificar esos desplazamientos.

Ahora se tienen documentos oficiales que permiten establecer que las órdenes fueron específicas para patrullar las sedes diplomáticas de Estados Unidos y de México, y también la oficina de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Corte de Constitucionalidad, cuya vigilancia se prolongó por varias horas, seguramente esperando el desenlace de otros acontecimientos.

No fueron movimientos normales de vehículos de alto poder ofensivo, claramente eran parte de un plan orquestado desde las más altas esferas de Gobierno, pues mientras todo esto ocurría, el presidente Morales enviaba un mensaje, rodeado de militares y jefes policiales, para comunicar que no renovaría el mandato de la Cicig y posteriormente que tampoco permitiría el ingreso de Iván Velásquez.

El incidente tiene alcance internacional, pues sobre esos desplazamientos se han pronunciado varios congresistas y senadores estadounidenses, pidiéndole al Departamento de Estado explicaciones por el uso de esos vehículos, pagados con los impuestos de sus contribuyentes.

El martes pasado, los congresistas Eliot Engel y Seth Moulton dieron un paso más al pedir el congelamiento de cualquier asistencia al Ejército guatemalteco, empezando por inmovilizar cuatro helicópteros que están en Estados Unidos para mantenimiento, lo cual seguramente ocurrirá ahora que existe información comprobada de que la Embajada de Estados Unidos fue uno de los objetivos a vigilar el día de los hechos.

Guatemala, una vez más, envía un mensaje equivocado a la comunidad internacional y a uno de sus socios más importantes, además de pretender engañar a los guatemaltecos. Seguramente las repercusiones de este nuevo bochorno no cesarán pronto, porque hubo un derroche de estulticia, discurso falaz, abuso de poder e irresponsabilidad de funcionarios poco capacitados para conducir tareas relevantes.

Un nuevo bache para la actual administración, porque ocurre justo cuando el presidente Morales inicia reuniones con altas autoridades en Washington, entre ellos el vicepresidente Mike Pence, donde deberá justificar el acoso a importantes sedes diplomáticas y a la oficina antimafias de la ONU. Es lo menos que debería hacer quien hace enormes esfuerzos por detener la lucha contra la impunidad, sin plantear una contrapropuesta convincente para reducir los enormes casos de corrupción en los poderes públicos.