Mientras a los ilegítimos fantoches no se les ronca la gana aprobar las reformas a la LEPP (mutilada y con síndrome gatopardista), dejando en turbia salmuera la ley de contrataciones, de servicio civil y de carrera judicial, el reformismo político-institucional maquilla lentamente la superestructura del Estado.

Empero, nos estamos olvidando de que para desmontar el derecho, la cultura y el sistema político debemos transformar las relaciones complejas e históricas de poder, dominación y autoridad entre el Estado y el mercado donde el capital ha construido un Estado constitucional débil, patrimonialista, corrupto, impune, racista y violento que a lo largo del tiempo ha preservado el orden establecido.

Un Estado supeditado al mercado neoliberal mediante un modelo de desarrollo concentrador, mono-oligolizado y anti-ético medioambientalmente (industria extractiva) al servicio de intereses corporativos (empresarios, políticos y militares saqueando los bienes estratégicos) y que opera con irresponsabilidad fiscal y control de la partidocracia.

Un Estado cooptado por las élites nacionales/transnacionales y por las lógicas de acumulación del capitalismo global (bloques geoeconómicos, organismos internacionales y países influyentes como Estados Unidos), además colonizado por las economías ilegales, todos agudizando la desigualdad socioeconómica y la exclusión política.

En concreto, debemos discutir las posibilidades reales de transformar la economía política en la coyuntura actual, reflexionando sobre las siguientes cuestiones: ¿Quiénes son los sujetos sociales con poder suficiente para tumbar las relaciones sociales de producción y replantear políticas económicas redistributivas en la producción, la distribución, el intercambio, el consumo y la inversión? ¿Cómo agudizar las contradicciones entre las clases sociales y élites nacionales/globales en la actual crisis político-institucional, ya que es evidente la disputa y el control de la dominación (no del poder) dentro del Estado por las familias oligárquicas históricas, los grupos corporativos regionales y las tribus tropicales del crimen organizado? ¿Cuáles son las influencias que ejerce la economía política en las instituciones, las legislaciones, las políticas públicas, el servicio civil y la burocracia, y la presupuestación del Estado? ¿Desde la perspectiva soberana, hasta qué punto es realista construir un Estado Social y Democrático de Derecho basado en una economía política que amplíe el bienestar social y económico, y redistribuya la riqueza y la renta, dadas las inevitables interdependencias con el sistema capitalista neoliberal?

No obstante, la economía política es una variable estructural que no hemos abordado con importancia, pues permitiría tener un Estado fuerte, eficaz e interventor en la producción, donde el trabajo humano sea la piedra angular del desarrollo solidario, donde prime el bien común ante los intereses individuales/gremiales, donde los procesos de integración política y económica se den con potencias emergentes y bloques geoeconómicos alternativos, y donde se implemente una democracia inclusiva y de ciudadanos.

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