Llaman la atención las declaraciones del presidente Otto Pérez Molina al respecto de este tema, porque por un lado indicó que aplaude la medida, y que está en disposición de acatarla, como si fuera una recomendación, no una orden. Por otro lado, dijo que los abogados de la Secretaría General de la Presidencia harán un estudio al respecto del caso del programa radial y televisivo en el cual el mandatario  hace entrevistas a sus funcionarios para hablar de temas que interesan al Gobierno y destacan sus acciones, que también son obligatorias y, además, en su mayoría, corresponden al cumplimiento de promesas de campaña política.

Para el Gobierno y el partido patriotista  no constituye propaganda todo el despliegue publicitario en el que aparece el candidato oficial para las siguientes elecciones, Alejandro Sinibaldi. Es imposible separar esa calidad de aspirante a la primera magistratura nacional  del cargo de ministro de Comunicaciones, una de las carteras en que el Gobierno maneja más dinero y por ello constituye una casi segura fuente de votos favorables para el oficialismo.

Los partidos políticos que han desatado una campaña ilegal —porque no ha sido convocada por el TSE— deben tomar en cuenta que, aunque tienen posibilidad de utilizar la figura legal de la impugnación, hacerlo causaría una mayor reducción de   prestigio entre la ciudadanía. Algunos partidos no han hecho propaganda y por ello en algo salen beneficiados con la orden del TSE, porque ahora pueden sacarle provecho a haber acatado esa parte de la legislación referente a las agrupaciones políticas cuya meta principal es ganar los procesos
electorales.

La legislación mexicana recientemente adoptada prohíbe específicamente que haya rostros de funcionarios, mucho menos de candidatos, en las campañas dedicadas a la afiliación o a la participación electoral. Esa ley recoge el pensamiento y el espíritu que debe prevalecer para que no sea posible a nadie participar con ventaja. Entender que no es posible separar al funcionario del candidato, ya sea oficial o virtual, es básico para que los partidos en el Gobierno no puedan ser válidamente criticados por abusos y aprovechamiento indebido de recursos y de menciones en los medios informativos.

La decisión del TSE tiene su mayor fuerza en la posibilidad de que los partidos que no lo obedezcan pueden llegar incluso a ser suspendidos temporalmente. Es fundamental, para comenzar el regreso del buen nombre que tuvo esa entidad, que exista la voluntad política pero sobre todo la entereza social de cuidar porque todos los participantes en los comicios lo hagan en  igualdad de condiciones.