Con rapidez y sin aspaviento, el ministro de Gobernación, Gendri Reyes, fue librado por el oficialismo y aliados del juicio político, largamente diferido y bloqueado, por señalamientos de exceso de fuerza por la represión policial emprendida el 21 de noviembre del 2020 en contra de ciudadanos que manifestaban pacíficamente en la Plaza de la Constitución, supuestamente para controlar y capturar a los delincuentes que incendiaron, casualmente en ausencia de agentes de la PNC, un par de oficinas del Congreso.

Los sucesos han sido ampliamente contados y repetidos, por lo cual solo quedaba al menos una moción para censurar al titular de Gobernación, al menos para llamar al orden a sus fuerzas y reorganizar los planes de seguridad. El alza de hechos delictivos, entre robos, ataques armados y crímenes a plena luz del día amerita una revisión de procesos. Dicho deterioro bien podría ser la causal de un nuevo juicio político, aunque dado el talante moral de este Congreso es probable que tal interpelación ocurra hasta dentro de muchos meses, asaltos, disparos y muertos más.

Después de la improbación del estado de Calamidad, en la cual participaron varios aliados oficialistas habituales, no es difícil adivinar que la nueva avenencia tenga que ver con la ya cercana llegada del proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del 2022, un año clave por ser preelectoral y por ende estratégico para los fines reeleccionarios o propagandísticos de varios diputados que prácticamente ya empezaron campaña ilícita o que se aprestan a buscar caballo de batalla para el 2023. Mientras tanto, las posibles medidas para contener la pandemia ya van tarde, pero la Comisión de Salud se toma todo el tiempo del mundo.

Con referencia al Presupuesto, es vergonzosa la incapacidad dialógica de la anterior y la actual legislatura, por lo cual sigue vigente el presupuesto del 2019, al cual se han hecho adaptaciones y parches que no solo reducen la capacidad de respuesta del Ejecutivo, sino que imposibilitan una planificación a mediano y largo plazo, con base en prioridades nacionales definidas a través de estándares técnicos, ajenos a la politiquería barata, la demagogia venenosa y los pactos deleznables.

El planteamiento concreto a los diputados es que si son conscientes de los difíciles tiempos que vive el país por la pandemia, la caída del turismo, los riesgos para la educación, la necesidad de generar oportunidades para la juventud y el permanente reto de combatir la desnutrición, deben procurar una distribución lógica, proporcionada y responsable de los recursos para las dependencias a cargo de dichas áreas.

Es importante ordenar los rubros: se debe financiar la protección de las fronteras como una tarea del Ejército y se le deben dar recursos para ese fin. Se debe financiar la seguridad ciudadana a cargo de la Policía Nacional Civil, que debe operar de forma profesional, sistémica, evolucionada, y no a través de dudosos retenes de dos en dos agentes que más recuerdan las exacciones de la extinta Policía Nacional de hace 30 años. Es vital trabajar en la dignificación de las condiciones de vida de los agentes, a fin de que no tengan que buscar cómo van a desayunar al día siguiente. Así también la infraestructura vial, escolar y de servicio público debe entrar en una planificación que permita ejecutar las que se pueda con recursos estatales y buscar alianzas público privadas en aquellas que excedan al erario. Pero eso requiere planificación, logística, o cuando menos el cumplimiento del plan de gobierno, si es que existió.